Multa de tan solo 1.566 euros a la Seguridad Social de los dos responsables de un prostíbulo de Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado que los dos responsables de un chalet-prostíbulo de Vigo condenados, en total, a un año y medio de prisión, solo abonarán 1.566 euros a la Seguridad Social, que reclamaba cerca de 20.000.

Según la sentencia que ha divulgado este miércoles el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al no mencionarse en el escrito de acusación el periodo que la Tesorería General de la Seguridad Social pretendía que se le indemnizar, la responsabilidad civil se ha de circunscribir, única y exclusivamente, a los concretos días en el que se produjo la intervención policial e inspectora.

Por ello, la Sala estima procedente fijar la responsabilidad civil en el importe de las 19 cuotas resultantes de dar de alta a las personas prostituidas únicamente en los días 15 de febrero y 25 de agosto de 2023, los de las inspecciones, con la cuota diaria de 82,46 euros por cada una.

La Seguridad Social discrepaba con el resto de partes personadas sobre la indemnización que le correspondía, ya que la abogada de esa institución reclamaba más de 20.000 euros al tener en cuenta que dos de las mujeres prostituidas se encontraban en el establecimiento en las dos inspecciones y por eso pedía computar todo el periodo entre esos días (de febrero a agosto). En cambio, el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas reducía esa cantidad a la correspondiente, únicamente, a los días de inspección.

Sentencia

La sentencia recoge que la indemnización sea responsabilidad de los dos dueños del local y no de un tercer acusado que fue contratado por ellos. La semana pasada, en una vista de conformidad, uno de los acusados aceptó un año de prisión y una multa de 1.620 euros; otro acordó seis meses de cárcel y una sanción de 720 euros y el tercer procesado, cinco meses de prisión y 480 euros de multa.

La empresa del prostíbulo ha sido condenada a la suspensión de la actividad comercial por un periodo de cinco años, si bien ya se encuentra extinta.

Inspecciones en el prostíbulo

Dos de los procesados gestionaban el local a través de una sociedad constituida en enero de 2019, en la que uno era el administrador único y el otro era apoderado desde febrero de ese mismo año, ya que su socio vivía en Portugal. Ambos emplearon al tercer acusado, que recibía y contrataba verbalmente a mujeres para la prostitución, y se encargaba de entregar porcentajes y cobraba a clientes.

El 15 de febrero de 2023, en una inspección conjunta de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales y de la Inspección Laboral, detectaron que los acusados no habían inscrito en la Seguridad Social a diez personas, cuatro de ellas sin autorización de trabajo y tres en situación irregular en España.

A finales de agosto de ese año, otra inspección constató que nueve mujeres extranjeras tampoco habían sido inscritas en la Seguridad Social, de las cuales una estaba en situación irregular y cinco carecían de permiso para trabajar. La empresa ya fue multada con más de 40.000 euros por ocupación laboral a extranjeros sin autorización para trabajar.

El prostíbulo permaneció cerrado como medida cautelar del 15 de septiembre de 2023 al 15 de marzo de 2024, cuando los propietarios del chalet interpusieron una demanda de desahucio por falta de pago que acabó prosperando.