Abel Losada cataloga de “gamberrada institucional” la intención de la Xunta de construir 63 viviendas públicas en el Parque de Maquinaria

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, criticó este jueves la actuación de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, a la que acusó de protagonizar una "gamberrada institucional", al presentar el pasado 24 de febrero un supuesto plan para construir viviendas públicas en el Parque de Maquinaria de la Avenida de Uruguay, "sin comunicarlo previamente ni solicitar autorización".

Losada explicó que, en el marco del proceso de transferencias a las comunidades autónomas, el Estado cedió en 1982 una parte esta parcela a la Xunta de Galicia. El terreno tiene una superficie total de 2.768 metros cuadrados, de los que actualmente el Estado posee el 63% y la administración autonómica el 37%.

El subdelegado del Gobierno aseguró que en estos momentos están abiertas las negociaciones entre ambas administraciones y que, en el mejor de los casos, dejaría a la Xunta con el 43% y al Gobierno central con el 57%.

De esta forma, los datos ofrecidos este jueves por Losada distan mucho de los aportados la semana pasada por Martínez Allegue, quien aseguró que el 75% de la parcela correspondía a la Xunta y el 25% restante al Ministerio de Transportes.

Abel Losada terminó sus declaraciones afirmando que no tienen intención de abandonar una parcela que se está utilizando y que es necesaria, lo que dificulta sobremanera la idea de construir las 63 viviendas públicas anunciada por la Consellería de Vivenda.

Martínez Allegue, “abraiada”

Las declaraciones de Abel Losada desde el Parque de Maquinaria no tardaron el recibir contestación desde la Consellería de Vivenda. La titular de la cartera, Martínez Allegue, afirmó sentirse “abraiada” con la postura del subdelegado.

Lejos de cambiar su versión, Allegue mantuvo su postura de la semana pasada, alegando que el 75% de la titularidad de la parcela es de la Xunta de Galicia, y muestra de ello es que “la Administración autonómica lleva 17 años pagando el IBI de dicha propiedad”, indicó.

A su vez, la conselleira lamentó la postura y la “molestia que causa al subdelegado y al Gobierno del Estado el hecho de que la Xunta quiera hacer vivienda pública”, dijo.