La Fiscalía pide una multa de 24 millones de euros para el presunto cabecilla de una red de contrabando de tabaco
El sospechoso comparecerá ante la Audiencia Provincial casi seis años después de los hechos
Foto de archivo de la Audiencia provincial de Ourense
Casi seis años después de que la Guardia Civil desmantelara la que se consideró entonces como la mayor operación para erradicar el contrabando de tabaco _un dispositivo bautizado como operación Straperlo en el que incautaron 600.000 cigarrillos fabricados sin control legal en una nave de Coles_ las últimas coletillas del caso aún resuenan en los tribunales. De hecho, se espera que la próxima semana comparezca ante la Audiencia Provincial de Ourense el presunto cabecilla del grupo, un hombre de origen rumano que se encontraba fugado cuando fueron juzgados nueve de sus cómplices.
Esto ocurrió en el año 2021. Los nueve acusados eran extranjeros, pero siete seguían en prisión provisional a la espera de juicio por carecer de domicilio y arraigo en España. Sin embargo, la acusación que sostenía la fiscal quedó sensiblemente reducida entonces, al retirarse el delito de pertenencia a organización criminal. Esa acusación de ser una banda finalmente no se formuló porque, según explicó un abogado defensor, la ley de contrabando ya establece como agravante de acción organizada, y no se puede juzgar como otro delito separado.
El acuerdo de conformidad entre fiscalía y defensas dejó la pena para todos los acusados en dos años de prisión por los delitos de contrabando y contra la hacienda pública. También se les impuso una multa de doce millones de euros, que se sustituyó por un año de arresto incluido en los tres de suspensión. Antes del juicio, la fiscalía pedía hasta once años de cárcel para los supuestos cabecillas.
Al presunto organizador de todo el entramado, Flocea G., se le atribuyen ahora los mismos delitos que al resto de sospechosos, si bien de momento la Fiscalía Provincial plantea penas más severas. Así, reclama cuatro años de prisión, elevando la multa hasta los 24 millones de euros, que irían a parar a las arcas de la Agencia Tributaria. Se interesa, eso sí, que dos tercios de la pena los cumpla en territorio nacional, siendo conmutado el resto por la expulsión del territorio nacional durante cinco años.
