El 'caso Desorden' pone en cuestión la gestión del Concello de Ourense ante las denuncias por ruido
Vecinos afectados denuncian contradicciones en los informes técnicos municipales y cuestionan la normativa utilizada por el Ayuntamiento para evaluar las molestias acústicas
La entrada de la discoteca 'Desorden' en la calle Valle-Inclán
La gestión del expediente municipal abierto por problemas de ruido en torno a la discoteca 'Desorden', situada en la calle Valle Inclán de Ourense, ha generado dudas entre los vecinos afectados, que denuncian contradicciones en los informes técnicos incorporados al procedimiento y reclaman explicaciones al Concello.
El origen de la controversia está en los distintos informes elaborados dentro del expediente municipal. Según la documentación analizada, un primer informe técnico elaborado tras una inspección municipal realizada el 15 de diciembre detectaba posibles irregularidades en el sistema de control acústico del local.
En ese documento se señalaban incongruencias en el funcionamiento del limitador acústico —el sistema encargado de controlar el volumen de la música— y se llegaba a plantear incluso la posibilidad de que parte del sistema de sonido no estuviera conectado al limitador, lo que impediría garantizar que el volumen estuviera correctamente controlado.
Cambio de enfoque en los informes
Sin embargo, en el último informe de la misma ingeniera municipal, Marta Vidal, el análisis cambia de forma significativa. El nuevo informe técnico minimiza el posible problema del sistema acústico del local y atribuye el origen del ruido detectado principalmente a la presencia de personas en la vía pública frente al establecimiento.
Este cambio de enfoque es uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos, que consideran que el expediente municipal desplaza la responsabilidad desde la actividad del local hacia el ruido ambiental del entorno urbano.
Mediciones de ruido en viviendas
Durante una inspección nocturna realizada por la Policía Local en febrero se registraron niveles de entre 43 y 48 decibelios en el interior de viviendas cercanas, cuando el ruido de fondo existente en ese momento era de aproximadamente 32 decibelios.
El mismo informe policial describe además una concentración de cientos de personas en el exterior del local, ocupando la acera e incluso la calzada, con niveles de ruido exterior que alcanzaron los 74,5 decibelios en plena madrugada.
A pesar de estos datos, los vecinos sostienen que los informes técnicos posteriores del Ayuntamiento restan importancia a los posibles problemas del sistema acústico del establecimiento y centran la explicación en el ruido generado en la calle.
Debate sobre la normativa aplicada
El expediente también ha abierto un debate jurídico sobre la normativa utilizada para evaluar las molestias acústicas.
Los vecinos consideran que debería aplicarse la legislación estatal vigente en materia de contaminación acústica, que establece criterios más modernos y exigentes para medir el impacto del ruido en el interior de las viviendas, especialmente durante el horario nocturno.
Sin embargo, según los informes técnicos municipales, el análisis se ha realizado exclusivamente conforme a la ordenanza municipal de ruidos aprobada en 2002, anterior a la normativa estatal actualmente vigente.
Para los vecinos, esta decisión reduce el nivel de protección frente al ruido y condiciona la forma en que se evalúan las molestias denunciadas.
Conflicto de intereses
La controversia sobre el expediente también se ha visto alimentada por las denuncias de los propios vecinos, que han señalado posibles conexiones personales entre el asesor jurídico municipal, Bienvenido Fernández, y los promotores de la discoteca. Según sostienen los afectados, existiría una relación de amistad entre el hijo del asesor jurídico y los nuevos propietarios del local, una circunstancia que, a su juicio, debería haberse tenido en cuenta en la tramitación del expediente. Los vecinos llegaron incluso a intentar recusarlo en el procedimiento, aunque el propio Fernández rechazó esa recusación y negó que exista cualquier vínculo que pueda afectar a su imparcialidad.
Una licencia de más de cuarenta años
Otro de los elementos que alimenta la polémica es la situación administrativa del establecimiento. La discoteca funciona con una licencia concedida en 1982 y reabrió tras permanecer seis años cerrada mediante un cambio de titularidad.
En este contexto, los vecinos recuerdan que la reapertura del local fue posible tras un informe jurídico emitido por el asesor municipal Bienvenido Fernández, que avaló la transmisión de la licencia mediante un cambio de titularidad al amparo de la Ley de Emprendimiento de Galicia. Los afectados consideran que ese informe permitió reactivar la actividad utilizando una interpretación “forzada” de la norma, ya que el establecimiento llevaba seis años cerrado y, a su juicio, debería haberse sometido a una nueva evaluación administrativa acorde con la normativa actual.
Los vecinos reclaman ahora al Concello de Ourense explicaciones públicas sobre la gestión del expediente y sobre las contradicciones detectadas en los informes técnicos municipales.
Además, anuncian que continuarán impulsando acciones administrativas y legales para que se esclarezca el procedimiento y se garantice el cumplimiento de la normativa vigente.
