¿Qué deben hacer las familias si un menor verbaliza un abuso sexual?: Una psicóloga da las claves para responder correctamente

Lugo

El juicio por abuso sexual de menores contra un profesor de un centro escolar del barrio de Albeiros reabre en Lugo el debate sobre la protección del menor.

A la espera de lo que dictamine el tribunal, el caso vuelve a poner en primer plano dos cuestiones esenciales: la protección del menor y el respeto a la presunción de inocencia, un principio fundamental del Estado de Derecho.

En el espacio semanal de Hoy por Hoy Lugo dedicado a la salud mental, la psicóloga Jennifer Souto analiza la dimensión emocional y social que rodea denuncias de este tipo. La experta recuerda que un proceso judicial debe desarrollarse sin juicios paralelos y que nadie puede ser considerado culpable sin pruebas. Pero al mismo tiempo, subraya que la prioridad siempre debe ser garantizar la seguridad emocional del menor, especialmente en contextos donde existe asimetría de poder, como la escuela.

Ruptura de confianza

Uno de los elementos más complejos de estos casos es la ruptura del vínculo de confianza. Un docente no es únicamente un transmisor de conocimientos, afirma Souto, es una figura de referencia y protección. Cuando una agresión se produce dentro de ese marco, explica, el impacto psicológico se multiplica: "Durante la infancia y la adolescencia, el cerebro está formando identidad, autoestima y la capacidad de interpretar límites. Una agresión no solo es un delito, es una "traición emocional que puede marcar la percepción de seguridad del menor", remata.

Los datos internacionales muestran la magnitud del problema. Según UNICEF, más de 370 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido abusos o violencias sexuales durante la infancia. Aunque este juicio concreto debe resolverse con rigor y sin conclusiones anticipadas, los expertos recuerdan que la mayor parte de agresiones a menores se producen en entornos de confianza como la familia, amistades o las instituciones educativas.

El silencio de los menores no siempre es ausencia de daño. "Es una estrategia de supervivencia", explica Souto. Los niños y las niñas pueden callar por miedo a no ser creídos, vergüenza, confusión o incluso porque el agresor les hace sentir responsables. Por eso es fundamental detectar señales como cambios bruscos de comportamiento, tristeza, miedo a asistir al colegio, pesadillas o comentarios confusos sobre límites.

¿Qué deben hacer las familias si un menor verbaliza algo así?

La psicóloga es clara: escuchar sin presionar, validar sus emociones, asegurarle que no es su culpa y proteger su privacidad. A partir de ahí, activar los protocolos correspondientes.

Souto insiste en que no se trata de contraponer presunción de inocencia y protección del menor, sino de mantenerlas juntas: "Un menor no necesita pruebas para ser cuidado. La justicia las necesita para condenar o absolver, pero la protección debe ser inmediata".

Fabulación colectiva

El profesor acusado ha sido el primero en prestar declaración en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo. Ha negado todos los hechos que se le imputan y atribuye su situación a la creación por parte de las menores de "una fabulación colectiva".

El ministerio público solo formula acusación por una de las supuestas víctimas, en función del informe emitido en su día por las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Galicia, que solo le dio credibilidad a ese testimonio, pero la acusación particular eleva ese número a cinco menores.

A preguntas del ministerio fiscal, el docente aseguró este lunes en sede judicial que, en un primer momento, cuando tuvo conocimiento de esa denuncia, que lo llevó a pasar entonces más de cinco meses en prisión preventiva, no le encontró "explicación" a esas denuncias por parte de sus alumnas.

Después, “pensándolo” y pasado “el tiempo”, llegó a la conclusión de que las denuncias vinieron motivadas por una “percepción que no se corresponde con la realidad” por parte de las niñas. Así como a que “se retroalimentaron entre ellas” y también a que se “retroalimentaron los padres de través de los grupos de Whatsapp”.

Explicó que en las clases de música los alumnos estaban “todo el tiempo en movimiento” y reconoció que “es posible” que en algún momento haya tocado a alguno de ellos, pero aseguró que nunca “con connotaciones sexuales”.

El fiscal pide para el acusado cinco años y seis meses de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a una menor, así como que indemnice a la víctima con 2.500 euros.

Sin embargo, la acusación particular considera que hay cinco víctimas y pide para el acusado seis años por abuso sexual a cada una de ellas, en total treinta años de reclusión, así como una indemnización de 6.000 euros para cada una de las menores.