El 'caso Desorden' da un nuevo giro
El abogado de los vecinos ha presentado una denuncia disciplinaria contra el TAG, Bienvenido Fernández
En la imagen la entrada de la discoteca 'Desorden' y el TAG, Bienvenido Fernández
El conflicto por el ruido de la discoteca Desorden, en la calle Valle Inclán de Ourense, ha dado un nuevo giro.
El abogado de los vecinos ha presentado una denuncia disciplinaria contra Bienvenido Fernández, jurídico municipal que permitió con sus informes la reapertura de la discoteca, tras 5 años cerrada, con una licencia del año 1982
Antonio Feijóo solicita la incoación de un expediente disciplinario a Bienvenido Fernández por la presunta comisión de una falta muy grave en materia de incompatibilidades. Fernández y el jefe de licencias de urbanismo, Alfonso Pavón, habrían realizado informes jurídicos para otros ayuntamientos facturando sus honorarios a través de una empresa cuyos socios son la ex-mujer de Bienvenido Fernández y sus hijos.
Debido a esta denuncia disciplinaria, el abogado de los vecinos ha vuelto a solicitar la recusación del jurídico en el caso de la discoteca "Desorden".
Además Feijóo ha presentado alegaciones al último informe de la ingeniera municipal. Los vecinos afectados sostienen que el Concello de Ourense ha evitado aplicar la normativa estatal de contaminación acústica —en concreto el Real Decreto 1367/2007— y ha utilizado exclusivamente una ordenanza municipal del año 2002, más antigua y menos exigente.
Según denuncian, los propios informes municipales reconocen que no se aplica la normativa estatal argumentando que el asesor jurídico no se ha pronunciado sobre qué norma corresponde utilizar.
A este hecho se suma la existencia de contradicciones en los informes técnicos. Un primer informe municipal detectó posibles fallos en el sistema de limitación acústica del local, llegando a plantear que parte del equipo de sonido podría no estar conectado al limitador. Sin embargo, informes posteriores atribuyen el ruido a la presencia de personas en la calle.
Los vecinos consideran que este cambio de criterio técnico resulta injustificado y cuestionan la imparcialidad del expediente.
El caso se agrava tras una inspección de la Policía Local que registró niveles de hasta 43 decibelios dentro de viviendas en plena madrugada, con diferencias significativas respecto al ruido de fondo.
El caso se encuentra actualmente judicializado.
