José Cillero, presidente del Colegio de Interventores y Secretarios de Lugo: "Tener vínculos familiares no hace a nadie ni mejor ni peor funcionario"

Lugo

El colegio de interventores, secretarios y tesoreros de Lugo afea al PP que se lleva al debate público al funcionariado y defiende la gestión de la Diputación tras las acusaciones del PP de "subjetividad" en la gestión de un procedimiento de provisión de un puesto ocupado por un funcionario que, coincidiendo con el foco mediático, es hijo del actual alcalde de Lugo, Miguel Fernández.

El portavoz popular en la Diputación, Antonio Amejide, señaló el caso de este funcionario, que previamente había trabajado en el Concello de Burela, pasó a la Diputación y regresó de nuevo a Burela ante la necesidad de cubrir el servicio. Desde el PP se cuestionó el contexto en el que se produjo el movimiento, aunque el propio partido reconoce que no duda de la legalidad del proceso y descarta acudir a la vía judicial.

Según se explicó, el puesto en cuestión quedó vacante tras no concederse la prórroga laboral a una funcionaria en edad de jubilación, mientras que otras dos sí obtuvieron esa ampliación. La persona afectada ha recurrido la decisión por la vía judicial, al considerar injusta la no prórroga.

Uno de los prorrogados es José Cilleros. Interventor en la propia Diputación de Lugo y presidente Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Lugo. Ante la polémica generada, esta insitución emitió un comunicado defendiendo públicamente que el procedimiento seguido fue el habitual y plenamente ajustado a la normativa vigente.

Cillero recordó que la convocatoria fue pública, abierta y aprobada por la Xunta de Galicia, y que cualquier persona capacitada pudo presentarse, aunque finalmente solo concurrió este funcionario.

El presidente del Colegio subrayó además la situación "dramática" que atraviesa el colectivo de habilitados nacionales, con una grave falta de personal en ayuntamientos y diputaciones. Como ejemplo, señaló que en las últimas oposiciones estatales se convocaron más de 1.500 plazas, de las que solo se cubrieron unas 300, dejando más de un millar vacantes.

Cillero destacó en los micrófonos de Hoy por Hoy Lugo asimismo la trayectoria profesional del funcionario cuestionado, al que calificó como sobradamente capacitado, recordando que fue número uno en su oposición y que ya había desempeñado funciones en otras corporaciones locales.

La polémica prórroga

Uno de los elementos que ha alimentado la controversia es la situación de la tercera persona en edad de jubilación a la que no se le concedió la prórroga para continuar en activo, a diferencia de otros dos funcionarios del mismo cuerpo.

Esta decisión ha sido recurrida por la afectada, que ha optado por llevar el caso a los tribunales al considerar injustificada la negativa. Desde el ámbito político se ha señalado este hecho como un elemento clave del debate, al entender que la no prórroga permitió que el puesto quedase vacante y fuese posteriormente cubierto.

Sin embargo, desde el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Lugo insisten en que este proceso no debe mezclarse con la provisión del nuevo funcionario. Según explicó su presidente, José Cillero, las prórrogas concedidas respondieron a criterios organizativos y funcionales, ya que los puestos prorrogados eran de carácter más específico y difícil cobertura, mientras que las plazas de secretaría-intervención "tienen un perfil más generalista".

Además, recordó que la Diputación ha creado recientemente dos nuevas plazas adicionales de la misma categoría, lo que, a su juicio, desmonta la tesis de que se diseñara un procedimiento para favorecer una incorporación concreta. La resolución judicial sobre la prórroga, subrayan, determinará si la decisión fue correcta o no, pero en ningún caso afecta a la legalidad ni a la legitimidad del proceso de provisión del otro puesto.

Cillero rechazó que los vínculos familiares puedan utilizarse para desacreditar a un profesional y advirtió del riesgo de llevar el trabajo técnico de los funcionarios al debate político.

Desde el Colegio insisten en que mezclar decisiones administrativas con disputas políticas daña tanto al colectivo como a las propias instituciones, y recuerdan que este tipo de procedimientos se realizan en corporaciones gobernadas por todos los partidos.