La fiscal pide 71 años de cárcel para una trama que prostituía a menores con víctimas de Ourense

La fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra una banda criminal acusada de captar y explotar sexualmente a dos menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad. Las víctimas, de tan solo 16 años en el momento de los hechos, enero de 2021, se encontraban fugadas del centro de menores de Montealegre, en Ourense. Según la acusación pública, los miembros de la red se aprovecharon de este estado de necesidad: las jóvenes carecían de domicilio, comida y medios económicos.

El modus operandi de la captación comenzó cuando presuntamente uno de los acusados, Oscar Z.C. (23 años), acogió a las dos menores en su piso del barrio de A Ponte durante más de una semana, manteniendo la situación oculta y sin dar aviso a las autoridades (las jóvenes estaban tuteladas por la Xunta). Una vez transcurridos unos días, organizó un encuentro en su propia casa con Irina Belén R.F. (21 años), quien les propuso directamente dedicarse a la prostitución a pesar de conocer su minoría de edad, detallándoles el funcionamiento de la actividad, los precios por servicio y las posibles ganancias. Aunque en un principio las menores rechazaron la oferta y fueron expulsadas de la vivienda, el desamparo empujó a una de ellas a caer en la red. Mientras que una de las chicas fue interceptada en el centro comercial Ponte Vella por la directora de Montealegre, su compañera terminó aceptando la propuesta y viajó a Santiago de Compostela con dinero facilitado por la propia organización.

Graves secuelas

Estos hechos dejaron secuelas en las víctimas. Ambas han requerido asistencia médica, psicoterapia y tratamiento farmacológico prolongado tras sufrir cuadros de ansiedad y estrés postraumático severo. Ante esta situación, el Ministerio Público imputa a los cuatro acusados un delito de pertenencia a grupo criminal, solicitando 3 años de prisión para cada uno por ese delito. Además, añade 7 años de cárcel para cada procesado por cada uno de los dos delitos de inducción y favorecimiento a la prostitución, sumando una petición de 3 años adicionales para el acusado Carlos R.M. por un delito específico de corrupción de menores. En concepto de responsabilidad civil, exige que indemnicen de manera conjunta, directa y solidaria a las víctimas con un total de 55.000 euros por los daños ocasionados.