La justicia abre la puerta a juicio contra el alcalde de Ourense por posible prevaricación
El juez considera que existen indicios de delito relacionados con el ejercicio simultáneo del cargo y una actividad privada
Foto de archivo / Brais Lorenzo
El Juzgado de Instrucción de Ourense ha acordado continuar el procedimiento penal contra el alcalde de la ciudad al apreciar indicios de un posible delito continuado de prevaricación administrativa por no haber solicitado la compatibilidad legalmente exigida para ejercer actividades privadas mientras desempeña el cargo con dedicación exclusiva.
Según recoge el auto judicial, el regidor ha venido desarrollando desde 2019 su labor como alcalde sin haber instado en ningún momento el reconocimiento de compatibilidad con su actividad profesional privada, en particular con la gestión de un medio de comunicación del que es propietario.
La resolución subraya que la normativa vigente obliga a solicitar dicha compatibilidad cuando se perciben ingresos por actividades externas, y considera que la omisión de este trámite ha impedido que el pleno municipal se pronunciara sobre si procedía o no autorizar esa situación.
En este sentido, el instructor aprecia que esta conducta podría encajar en una forma de prevaricación por omisión, al entender que el alcalde habría evitado deliberadamente que se adoptase una resolución administrativa obligatoria.
El auto también cuestiona el informe en el que se apoyó el alcalde para justificar su actuación, al considerar que carece de fundamento técnico suficiente y que no analiza de forma concreta las actividades desarrolladas fuera del ámbito municipal.
Asimismo, el juzgado apunta a la posible existencia de un perjuicio económico, al haberse percibido retribuciones como alcalde en régimen de dedicación exclusiva sin que se hubiera resuelto previamente la compatibilidad con otras actividades remuneradas.
Con estos elementos, el órgano judicial concluye la fase de instrucción y acuerda continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado, dando traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El proceso queda ahora pendiente de la decisión de las partes sobre la formulación de acusación, lo que determinará si el caso llega finalmente a juicio.
