Jácome, a un paso del banquillo por un delito de prevaricación

El auto dictado por el juzgado de instrucción de Ourense que imputa al alcalde Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa presenta una base jurídica sólida para la continuación del procedimiento, aunque su desenlace en forma de condena no está garantizado.

La resolución, firmada por el magistrado Leonardo Álvarez, da por concluida la instrucción y abre la vía a un posible juicio oral al considerar que existen indicios suficientes de delito.

El núcleo del caso no reside en la actividad privada del alcalde, sino en el hecho de que no solicitara la compatibilidad exigida por la ley para compaginar su cargo con dedicación exclusiva y su actividad profesional, en especial su vinculación con Auria TV.

El auto subraya que esa solicitud era obligatoria y que su omisión habría impedido que el pleno del Ayuntamiento se pronunciara sobre la legalidad de dicha compatibilidad.

Además, el juez sostiene que esta conducta podría encajar en el delito de prevaricación administrativa, incluso en su modalidad omisiva, una interpretación respaldada por jurisprudencia del Tribunal Supremo en determinados supuestos.

En este sentido, la resolución concluye que concurren los requisitos del artículo 404 del Código Penal, al considerar que el alcalde actuó de forma arbitraria y con conocimiento de la posible ilegalidad de su conducta.

UN CASO JURÍDICAMENTE COMPLEJO

Pese a la contundencia del auto, fuentes jurídicas consultadas coinciden en que no se trata de un caso sencillo desde el punto de vista penal.

El principal elemento de debate es que no existe una resolución administrativa explícita, lo que obliga a encajar los hechos en la figura de la prevaricación por omisión, una vía admitida por la jurisprudencia pero menos habitual.

Esto abre la puerta a distintas interpretaciones en un eventual juicio, especialmente en lo relativo a si la conducta del alcalde alcanza el nivel de arbitrariedad exigido para la condena penal.

POSIBILIDADES DE JUICIO Y CONDENA

Con la apertura del procedimiento abreviado, el caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá decidir si presenta acusación y solicita la apertura de juicio oral o, por el contrario, pide el archivo de la causa.

En términos jurídicos, el escenario más probable es que el procedimiento continúe hasta juicio, dado que el juez instructor considera acreditados los indicios de delito.

Sin embargo, la eventual condena no está asegurada. La defensa podría sostener que se trata de una irregularidad administrativa sin relevancia penal o cuestionar la existencia de dolo, elemento imprescindible para la prevaricación.

De confirmarse el delito, la pena prevista no incluye prisión, pero sí inhabilitación para cargo público durante un periodo de entre nueve y quince años.

REACCIONES POLÍTICAS

La imputación del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha generado una rápida reacción política. Desde el PP, la portavoz municipal Ana Méndez criticó que, pese a la situación económica “insostenible” del Concello, el regidor lleve años incrementando sus ingresos personales, calificando su actuación de “increíble” y contraria a la ley. En la misma línea, el presidente provincial y de la Diputación, Luis Menor, mostró respeto a la justicia pero señaló que los hechos son graves y deben ser explicados, reclamando responsabilidades si procede.

Por su parte, el PSdeG considera que Ourense “merece un gobierno digno” y sostiene que Jácome no debería continuar ni un día más al frente de la alcaldía. Su portavoz, Natalia González, afirma que lo que el alcalde calificaba como ataques políticos eran en realidad advertencias fundamentadas, y acusa al regidor de anteponer sus intereses personales al interés general.

Desde el BNG, su portavoz Luís Seara pide dejar trabajar a la justicia, aunque subraya que los hechos coinciden con lo que llevan años denunciando. Los nacionalistas reclaman que el proceso avance con diligencia y lamentan el daño a la imagen de la ciudad por este caso.

LA RESPUESTA DE JÁCOME

El alcalde, a través de sus RRSS, ha asegurado estar «sorprendido» por haber sido imputado. «De todas las acusaciones gravísimas que me han achacado en el pasado (todas archivadas), ahora quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario)», apunta el regidor ourensano, que anuncia que recurrirá el auto ante la Audiencia Provincial: «Sobran los motivos para sobreseer el proceso ya, sin necesidad de esperar a juicio».

El caso entra ahora en una fase clave en la que la Fiscalía deberá posicionarse, en un proceso que combina elementos jurídicos complejos con un evidente impacto político en la ciudad.