El caso Jácome se complica
Un recurso solicita ampliar la causa y piden que se le investigue por malversación y falsedad documental
La retirada de los bolardos fue una de las promesas electorales de Jácome / Brais Lorenzo
Nuevo giro en la causa judicial que afecta al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. La acusación ha presentado un recurso contra el auto que acordaba continuar el procedimiento por un presunto delito de prevaricación, solicitando que se amplíe la investigación a otros delitos de mayor gravedad como malversación de fondos públicos y falsedad documental.
El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción, considera que los hechos no deben limitarse a la prevaricación administrativa y defiende que existen indicios suficientes para investigar también un posible delito de malversación, al entender que el alcalde habría percibido retribuciones públicas sin tener derecho a ellas.
En este sentido, el recurso sostiene que Jácome habría cobrado su salario como alcalde con dedicación exclusiva mientras mantenía actividades privadas remuneradas incompatibles con ese régimen, sin haber solicitado la preceptiva autorización. Según el documento, esas percepciones superan los 117.000 euros en un periodo reciente.
Además, la acusación plantea la existencia de un posible delito de falsedad documental vinculado a las declaraciones de actividades y bienes presentadas ante el registro de intereses del Concello. En concreto, se apunta a la omisión de actividades privadas y de parte del patrimonio en documentos oficiales.
El recurso argumenta que estos hechos no son independientes, sino que forman parte de un mismo esquema, en el que la prevaricación habría sido el instrumento que permitió la percepción de fondos públicos y la ocultación de información relevante.
Por ello, solicita que se amplíe el objeto del procedimiento para incluir estos delitos en la investigación, al considerar que existe una conexión directa entre todos ellos y que su enjuiciamiento conjunto evitaría una fragmentación del caso.
¿QUÉ PASA AHORA?
El juzgado deberá resolver en primer lugar el recurso de reforma y, en caso de ser rechazado, la cuestión podrá ser elevada a la Audiencia Provincial de Ourense.
De estimarse, la causa daría un salto cualitativo, al incorporar delitos que conllevan penas más graves que la prevaricación, que se limita a la inhabilitación para cargo público.
El caso entra así en una nueva fase en la que no solo se debate si existió prevaricación, sino también si los hechos pueden tener un alcance penal mayor.
