Seis meses de ruido, informes cuestionados y un mes de silencio del Concello en el caso de la discoteca de Valle Inclán

Los vecinos de la calle Valle Inclán denuncian la “inacción” del Concello de Ourense en el expediente abierto por el ruido de la discoteca Desorden, tras más de un mes sin respuesta a las alegaciones presentadas el pasado 19 de marzo.

A 20 de abril, los afectados aseguran que el Ayuntamiento no ha contestado a un escrito en el que solicitaban nuevas mediciones en el interior de viviendas y cuestionaban de forma directa los informes técnicos municipales. “No solo no se ha resuelto el problema, sino que ni siquiera se responde a quienes lo sufren”, critican.

El caso arrastra ya más de seis meses desde la reapertura del local en octubre de 2025. En diciembre se inició un expediente tras una inspección municipal, pero desde entonces, según los vecinos, la situación no ha sido corregida.

Uno de los puntos más controvertidos es el cambio de criterio en los informes técnicos. Mientras un primer informe municipal detectó posibles fallos en el sistema de control del sonido del local, informes posteriores atribuyen el ruido a la presencia de personas en la calle, pese a que la Policía Local registró niveles de hasta 43 decibelios dentro de una de las viviendas durante la madrugada.

Los afectados consideran que el Concello está dando por válida una conclusión “sin haber agotado las pruebas necesarias” y denuncian que no se ha demostrado de forma rigurosa el origen del ruido.

A este escenario se suma el conflicto sobre la normativa aplicada. Los vecinos acusan al Ayuntamiento de utilizar únicamente la ordenanza municipal de ruidos de 2002 —más antigua y menos exigente— en lugar de aplicar la normativa estatal vigente en materia de contaminación acústica, que establece criterios más estrictos para proteger el descanso en viviendas.

Según los propios informes municipales, la no aplicación de esta normativa estatal se justifica en la ausencia de un pronunciamiento del asesor jurídico del Concello, Bienvenido Fernández, cuya intervención en el expediente está siendo cuestionada por los vecinos al considerarla determinante en el enfoque adoptado por la administración.

“Se está evitando aplicar la normativa más exigente mientras pasan los meses sin soluciones”, denuncian los afectados.

Los vecinos reclaman una actuación inmediata, con nuevas mediciones en viviendas y una evaluación independiente que aclare el origen del ruido, y advierten de que el caso seguirá adelante en los tribunales.