El Concello de Ourense continúa el expediente de ruidos de la discoteca 'Desorden' sin decidir qué ley aplicar

El último informe del asesor jurídico del Concello de Ourense, Bienvenido Fernández, ha generado un fuerte malestar entre los vecinos afectados por el ruido de la discoteca 'Desorden' al constatarse que el Ayuntamiento continúa tramitando el expediente sin haber resuelto una cuestión clave: qué normativa debe aplicarse. Un informe que ahora firma también como nuevo Jefe del departamento jurídico de Licencias.

En el documento, el asesor jurídico evita pronunciarse sobre si corresponde aplicar la ordenanza municipal de ruidos o la normativa estatal vigente en materia de contaminación acústica, y aun así propone que el procedimiento siga adelante “sin más”.

Para los afectados, esta posición deja sin base jurídica clara todo el expediente. “Se está tramitando un procedimiento sin definir la ley que se va a aplicar”, denuncian.

El conflicto se remonta a la reapertura del local en octubre de 2025 con una licencia de 1982 y tras seis años cerrada. En diciembre se inició un expediente de ruidos tras una inspección municipal, pero cuatro meses después, los vecinos siguen desamparados.

Además, recuerdan que la Policía Local, en una inspección sorpresa, llegó a registrar niveles de hasta 43 decibelios dentro de una de las viviendas afectadas durante la madrugada, lo que, a su juicio, evidencia que el problema afecta directamente al descanso.

Los afectados sostienen que el Ayuntamiento no ha demostrado de forma rigurosa el origen del ruido y que el análisis técnico depende precisamente de una cuestión que sigue sin resolverse: la normativa aplicable.

El Concello de Ourense rechaza apartar al asesor jurídico pese a las dudas sobre su actuación

A esta situación se suma un informe interno del jefe de Recursos Humanos del Concello, José Manuel Oliver, en el que se rechaza la recusación solicitada por los vecinos para apartar al asesor jurídico municipal.

En dicho informe, el Ayuntamiento considera que no concurren causas suficientes para su apartamiento, pese a que los afectados cuestionan su intervención en el expediente y su papel en la interpretación del marco normativo.

Los vecinos consideran especialmente grave que el mismo asesor jurídico que no ha resuelto la cuestión clave del expediente continúe participando en su tramitación. “No se decide qué ley aplicar, pero se sigue adelante y se mantiene al mismo responsable”, critican.

Para los afectados, esta situación refuerza las dudas sobre la coherencia y el rigor de la actuación municipal en un expediente que, aseguran, sigue sin resolver el problema de fondo.

El caso se encuentra actualmente en vía judicial