Santiago, declarada zona de mercado residencial tensionado

Santiago de Compostela

La Xunta ha aprobado la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, tras enviar en dos ocasiones el concello compostelano la solicitud al Instituto Galego de Vivenda e Solo. Con esta luz verde del gobierno gallego, Santiago es la segunda ciudad de la comunidad que recibe esta consideración, tras A Coruña.

La resolución está firmada por la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, tras constatar que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Según el documento, esta declaración responde a la petición del concello compostelano del pasado 10 de marzo y se apoya en una memoria justificativa que acreditan que "la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia (...) supera el treinta por ciento de los ingresos medios de los hogares", así como que los precios de compra o alquiler han crecido en los últimos cinco años por encima del IPC autonómico.

Concurren los requisitos

La resolución establece de forma expresa que "concurren los requisitos para declarar el municipio de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado”, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Uno de los aspectos clave del acuerdo es la particularización de la figura del gran tenedor. Así, se considerará como tal, además de lo previsto en la normativa estatal, a “aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en el término municipal de Santiago de Compostela”, quedando excluidas las administraciones públicas y entidades dependientes.

Efectos prácticos

La declaración permitirá aplicar limitaciones al precio del alquiler en determinados supuestos, por ejemplo para aquellas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años.

La medida tendrá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el BOE y tendrá una vigencia inicial de tres años, al igual que sucedió con la ciudad de A Coruña. El Concello compostelano está obligado a probar, en un plazo máximo de dos meses, un plan específico de medidas para corregir los desequilibrios detectados, así como un calendario de aplicación.

La Xunta, en contra de la medida

Fuentes de la Consellería de Vivenda aseguran que dan luz verde porque se concurren los requisitos pero sostienen que "la medida no funciona". Ponen como ejemplo la ciudad de A Coruña donde, según estas mismas fuentes, han bajado los contratos en torno a los 300 en tan solo 5 meses.