El mapa de buses diseñado por Jácome, bajo la lupa por el malestar vecinal

El rediseño del mapa de líneas de autobús urbano impulsado por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome ha estado rodeado de polémica desde su gestación y ha mantenido el foco político y vecinal durante meses.

La reforma, presentada como un cambio estructural del sistema de movilidad en la ciudad, supuso una reducción significativa del número de líneas —de 33 a 16— con el objetivo de mejorar frecuencias. Sin embargo, desde su anuncio generó críticas entre la oposición y colectivos vecinales, especialmente por el impacto en barrios periféricos como Seixalbo, Palmés o Castro de Beiro, donde se alertaba de la pérdida de conexiones directas.

En los días previos a su implantación, la falta de información detallada sobre horarios y recorridos provocó incertidumbre entre los usuarios, a lo que se sumaron cambios de última hora en el diseño inicial. La oposición llegó a reclamar un aplazamiento de la entrada en vigor para revisar el mapa y adaptarlo a las necesidades de los barrios.

El estreno del nuevo sistema, el 16 de septiembre de 2025, estuvo marcado por incidencias. Usuarios denunciaron retrasos, autobuses saturados y dificultades para orientarse en los nuevos recorridos, con quejas especialmente en conexiones clave como el acceso al CHUO, el campus universitario o la estación de tren. Durante los primeros días también se registraron casos de autobuses que no pudieron atender a todos los pasajeros en determinadas paradas.

Lejos de estabilizarse, el modelo ha sido objeto de modificaciones constantes desde su puesta en marcha. En las semanas posteriores, el Concello introdujo ajustes en varias líneas, incorporó lanzaderas específicas y modificó recorridos para corregir problemas detectados, en algunos casos tras protestas vecinales. Esta sucesión de cambios ha alimentado la percepción de improvisación en el diseño inicial, según la oposición.

A este escenario se suma también la renovación de parte de la flota municipal mediante la compra directa de autobuses impulsada por el propio alcalde, que supuso la adquisición de 40 vehículos por unos 14 millones de euros. Una decisión que generó debate político y que, junto al rediseño de líneas, se produce en un momento en el que la nueva licitación del servicio está ya muy avanzada. En este contexto, el propio alcalde ha señalado públicamente que el contrato podría recaer en una UTE vinculada al grupo empresarial Gavilanes, una circunstancia que ha sido cuestionada por la oposición, que advierte de que tanto el diseño del sistema como las decisiones sobre la flota podrían condicionar el resultado final del concurso.

En paralelo, el gobierno local ha defendido la reforma, llegando a calificarla como un modelo de éxito y destacando mejoras en puntualidad o en número de usuarios en determinadas líneas.

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Con todo, varios meses después de su implantación, el debate se mantiene abierto. Mientras el ejecutivo municipal sostiene que el sistema funciona, la oposición insiste en que el impacto real del rediseño debe evaluarse con datos objetivos y comparables.

En este contexto, la atención se centra ahora en la evolución del número de viajeros, el principal indicador para medir el éxito o fracaso de la reforma y sobre el que, por el momento, no se han difundido datos comparativos detallados entre la situación anterior y posterior al cambio.