Los responsables de TRAGSA y GESTALIA tendrán que declarar ante el juez por la contaminación de los residuos mineros de la balsa Jenny

Murcia

Los hechos se remontan a 2001 cuando la Comunidad Autónoma aceptó la cesión gratuita de la balsa Jenny, propiedad de Portmán Golf, cuyos residuos mineros peligrosos debían ser extraídos en su totalidad y tratados debidamente según la normativa en vigor.

Para hacerlo la Comunidad Autónoma pagó más de 6'5 millones de euros a varias empresas, la mayoría de ellas participadas por la propia Portmán Golf. Así lo aprecia en un auto judicial al que ha tenido acceso la Cadena SER en la Región de Murcia, el magistrado Raúl Sánchez al exponer que Portman Golf "resulta beneficiaria de importantes fondos públicos al asumir de forma exclusiva la recepción de los residuos mineros en la Corta de Los Blancos I, así como, de forma compartida y por medio de una tercera empresa con especial vinculación, participar en el traslado de los residuos".

Esta tercera empresa es GESTALIA, TRANSPORTES Y MAQUINARIA S.L. que el juez considera interpuesta para que Portmán Golf no apareciera como "beneficiaria exclusiva de las operaciones que ella misma había provocado". El instructor sostiene que podría ser objeto de aplicación de la doctrina de "levantamiento del velo" y cita un atestado del SEPRONA de la Guardia Civil en el que se acredita la especial vinculación entre ambas mercantiles, Portmán y GESTALIA, "cuyos socios mayoritarios son los mismos".

Es decir que, en esta operación, tras la cesión de manera gratuita a la Comunidad de una balsa llena de residuos peligrosos, Portmán habría recibido después dinero público para extraer, trasladar y tratar esos residuos en otra parte, en concreto en otra parcela de su propiedad, pasando por terrenos de su propiedad y por una empresa participada por sus mismos socios que fue subcontratada por TRAGSA para esta tarea.

Aunque lo que expone el auto es muy llamativo no es el verdadero objeto de la investigación, lo que el juez Sánchez investiga son una serie de delitos contra el medio ambiente "en las cosas y animales, que implica la creación de un riesgo grave para las personas" debido a la presunta mala ejecución de las actuaciones que se llevaron a cabo en el tratamiento de los residuos de la balsa Jenny.

En su auto el magistrado concluye que "los residuos mineros propiedad de PORTMAN GOLF SA, existentes en un primer momento en Balsa Jenny (igualmente propiedad de PORTMAN GOLF SA hasta su cesión gratuita a la CARM), fueron extraídos y transportados de forma indistinta por TRAGSA y GESTALIA, TRANSPORTES Y MAQUINARIA S.L. hasta la Corta de Los Blancos I, propiedad de PORTMAN GOLF SA, que debía tratarlos y enterrarlos de forma adecuada".

Añade que "de haber sido ejecutadas correctamente las actuaciones anteriores de arranque, extracción total de los residuos de la Balsa, traslado adecuado y depósito en condiciones satisfactorias, es evidente a criterio de esta Autoridad Judicial, que dichos residuos mineros, siempre los mismos, no habrían seguido afectando al medio ambiente natural en la Balsa, en el trayecto (900 metros) y en el destino final".

Se basa en "lo que las tomas de muestras realizadas por SEPRONA GUARDIA CIVIL y organismos públicos han acreditado, que los tres puntos geográficos donde existen residuos mineros procedentes de Balsa Jenny continúan afectando al medio ambiente, con porcentajes extremadamente altos de los minerales más contaminantes y peligrosos para los recursos naturales y el ser humano".

Por este motivo, para dar cuenta de estas actuaciones, el magistrado Raúl Sánchez llama a declarar el próximo día 4 de julio, en calidad de investigados, a los representantes legales de TRAGSA y GESTALIA TRANPORTES Y MAQUINARIA S.L, al adquirir estas sociedades la condición formal de investigadas, para dar cuenta de las actuaciones que asumieron de extracción, tratamiento y traslado de los residuos mineros de la balsa Jenny.