El presidente del TSJ de la Región reclama más medios para evitar que haya "justiciables de primera y de segunda categoría"

Murcia

Durante la presentación de la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia 2021 el máximo representante del Poder Judicial autonómico, Miguel Pasqual del Riquelme quiso reivindicar la extraordinaria labor que realizan los juzgados y tribunales “en la protección de nuestros recursos y espacios naturales más preciados; de la garantía de nuestros derechos y libertades fundamentales ante las restricciones derivadas de la pandemia; de la salvaguarda de los derechos de los más vulnerables y desprotegidos por las secuelas socioeconómicas de la crisis”, según fuentes del TSJRM.

Antes, Pasqual del Riquelme detalló la estadística de la actividad de la Administración de Justicia regional durante el pasado año, destacando la vuelta a la normalidad de los órganos judiciales tras la pandemia y que “por primera vez en los últimos 5 años, la resolución de los juzgados y tribunales de la Región supera el ingreso de asuntos. Con lo que, aunque mínima, se empieza a registrar una reducción de la pendencia”.

En concreto, el pasado año ingresaron en los juzgados y tribunales de la Región de Murcia 204.168 asuntos, un 11,8 % más que en 2020, aunque solo un 1,1% más que en 2019. En el mismo periodo, destaca un incremento del 20,7 % en la resolución: un total de 204.986 asuntos tuvieron respuesta judicial, superando también -en un 8,75 %- los asuntos resueltos en 2019. Finalmente, el 31 de diciembre de 2020 los órganos judiciales tenían en trámite 125.467 asuntos, lo que representa una disminución de la pendencia del 1,6 % respecto al final de 2020. A pesar de que mostró su satisfacción “por el mucho trabajo realizado y por el servicio prestado a la sociedad murciana” no quiso dejar de mencionar dos problemas endémicos de la Justicia en la Región: la infradotación en plantilla judicial y la necesidad de adecuar las infraestructuras en Lorca, Cartagena, Molina y el Tribunal Superior, en la capital.

El presidente destacó como medidas concretas de refuerzo han permitido paliar los efectos del continuo incremento de la litigiosidad y la insuficiente plantilla orgánica. En concreto, durante 2021 los juzgados y tribunales de la Región se han establecido 15 jueces y magistrados de refuerzos, acompañados de medidas complementarias para dotar la oficina judicial.

En concreto durante este periodo se han designado refuerzos en los juzgados de Familia 3 y 9 Murcia; Instancia 12 y 16 Murcia; Instancia 3, 4, y 5 Cartagena; Social Murcia y Social 2 Cartagena; Instrucción 2 Murcia; Vigilancia Penitenciaria; y finalmente, la Sala Social del TSJMU y la Audiencia Provincial. En este último caso, subrayó como el proyecto de desdoblar las secciones penales ha permitido agilizar el enjuiciamiento de causas de especial complejidad y de corrupción. En el segundo de los problemas, el déficit de infraestructuras y sedes judiciales en los cuatro grandes partidos judiciales (Cartagena, Lorca, Molina y Murcia), señaló la muy esperada noticia del compromiso del Ministerio de Justicia con la mayor inversión a nivel nacional en infraestructuras judiciales para los próximos años (más de cien millones de euros). .

Así, destacó como objetivos logrados la cesión del solar municipal de la sede de los nuevos juzgados de Molina de Segura, la identificación de la sede municipal donde se ubicará el nuevo juzgado de lo mercantil de Cartagena, la remoción de los obstáculos que paralizaban la nueva licitación de la obra del Palacio de Justicia de Lorca, la búsqueda de solar para la Ciudad de la Justicia de Cartagena, o el diseño de la operación para la rehabilitación del viejo Palacio de Justicia de Murcia, “todas iniciativas surgidas y promovidas directamente desde el TSJMU”.

No obstante, señala que “las ratios de unidades judiciales y jueces por habitante, los índices de litigiosidad comparada y los tiempos de respuesta evidencian que el servicio público no se presta en igualdad de condiciones y recursos en todos los territorios”, y añadió que el “despliegue territorial asimétrico da lugar a justiciables de primera y de segunda”, lamentando que los ciudadanos de la Región estén en este último bloque. “La creación de nuevas unidades judiciales debería tender de manera principal -y esa es la constante reivindicación expresada por el TSJMU- a asegurar que un servicio público se despliega de forma equitativa en todo el territorio nacional”, reclamó recordando que, la Región arroja una ratio de 10,8 jueces por 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 11,6, y se sitúa entre las últimas comunidades con menor ratio.

En la tabla de necesidades se considera necesaria la creación de 17 nuevos órganos para dotar de una adecuada dimensión la planta judicial de la Región, después de la creación de dos nuevos juzgados (un juzgado de lo Mercantil de ámbito regional, un juzgado de Familia en Murcia), una plaza de magistrados en la Audiencia Provincial, en la sección 5 desplazada a Cartagena y pendiente la puesta en marcha del cuarto juzgado de lo Mercantil, también en la ciudad portuaria. No obstante, a pesar del déficit evaluado, la Sala de Gobierno fija como prioritarias para el próximo año judicial cinco unidades: dos juzgados de Instancia en Murcia, uno en Cartagena y un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Lorca, además de un juzgado especializado en violencia de género en la capital.