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Más de centenar de británicos sin agua ni luz tras adquirir su vivienda en una urbanización de Gea y Truyols

El constructor no había solicitado permiso de planificación, lo que significa que las casas son ilegales

Pedro Rivera, abogado especialista en Derecho Inmobiliario

Pedro Rivera, abogado especialista en Derecho Inmobiliario

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Murcia

Son británicos residentes en España los que se han visto involucrados en una gran batalla para proteger sus viviendas en Gea y Truyols (Murcia). Este grupo de ingleses compró sus propiedades creyendo que habían sido construidas de acuerdo con la ley española. Sin embargo, sin que los compradores lo supieran, el constructor no había solicitado permiso de planificación, lo que significa que las casas son ilegales.

Esto ha dejado a los propietarios, que en su mayoría son pensionistas, sin acceso a la electricidad adecuada o a suministro de agua potable, utilizando agua de riego y con un suministro eléctrico que no tienen individualizado.

Los propietarios de las viviendas de esta urbanización situada en Gea y Truyols (Murcia), llevan veinte años soportando esta situación

Como muchos de ustedes conocerán, el acceso a los servicios básicos solo se concede a las casas que tienen una 'Primera Licencia Ocupacional', un documento que confirma que una propiedad se ha construido con permiso de planificación, cosa que en este caso no ocurre.

Pedro Rivera, abogado, CEO de Aethicus, especialistas en Derecho Inmobiliario, ha pasado por el programa Hoy por hoy Murcia, donde ha explicado la problemática que afecta a sus representados desde hace ahora 20 años, "ellos compraron de buena fe sus casas sin saber lo que se les venía encima, ahora reclaman tener, como mínimo, agua potable, electricidad y los servicios básicos para poder vivir en condiciones".

La urbanización cuenta con calles sin pavimentar y los vecinos tienen que utilizar agua de riego para poder beber y asearse

Rivera ha explicado en Hoy hoy por hoy Murcia que los propietarios de estas viviendas, 140 en total, pagan cada año el IBI y que siguen sin tener escritura de los inmuebles que compraron en 2002, "algunos de ellos han fallecido sin ver resuelto este problema, apelo a la sensibilidad de las autoridades locales para que estas personas que pagaron por sus casas puedan tener acceso a los servicios públicos con los que cuenta cualquier urbanización".

 
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