Los tribunales avalaron todas las restricciones impuestas en la Región de Murcia por COVID

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma tramitaron en 2021 una treintena de procedimientos de autorización de medidas y restricciones derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus, y todas ellas fueron avaladas, tanto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como por los juzgados de lo Contencioso. Joaquín Rocamora, director de dichos servicios, ha subrayado en la presentación de la memoria el «gran esfuerzo suplementario» que ha supuesto para los letrados de la comunidad autónoma la pandemia del coronavirus. En total, se tramitaron 13 procedimientos ante el TSJ y otros 16 ante la justicia contenciosa, y todos ellos recibieron el aval de la justicia. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha querido agradecer el trabajo llevado a cabo en ese sentido, ya que la irrupción de la pandemia, ha dicho, implicó para los gobiernos autonómicos tomar decisiones que requerían del aval judicial y que supuso un «reto normativo» que ha tenido un «balance concluyente» al lograr autorización para todas ellas. “El gobierno tuvo una gran suerte con vosotros, con vuestro rigor, experiencia y exigencia”, ha agradecido. En cuanto al resto de la actividad de los servicios jurídicos regionales, en 2021 iniciaron 2.241 procedimientos judiciales, de los que 1.370 corresponden al área contencioso-administrativa; 520 a la social, 172 a la civil, 171 a la penal, 7 al Tribunal de Cuentas y 1 al Tribunal Constitucional. Al acabar el ejercicio había en tramitación 3.355 procedimientos iniciados por la comunidad autónoma, de los que 1.928 eran contenciosos, 651 sociales, 490 civiles, 276 penales, 9 del Tribunal de Cuentas y 1 del Constitucional. Respecto a las sentencias, se dictaron 1.365 de procesos de la comunidad, 799 de ellas favorables, otras 147 parcialmente favorables y el resto, 397 desfavorables. Los servicios jurídicos prestan además una labor consultiva y emitieron en 2021 un total de 129 informes preceptivos y otros 3 facultativos a petición del presidente, el Consejo de Gobierno o los consejeros. Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma están integrados por 36 trabajadores: 17 letrados, 5 funcionarias habilitadas para la representación procesal y 14 empleados en trabajos de secretaría, administrativos y auxiliares.