El Senado ha aprobado la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor, una propuesta que surge de una Iniciativa Legislativa Popular que logró reunir más de 630.000 firmas. La ley incluye el reconocimiento a la laguna y su cuenca de los derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración, una labor que tiene que ser llevada a efecto por los gobiernos y habitantes de los municipios ribereños. Del mismo modo, la normativa contempla la creación de tres órganos que se encargarán de la representación y gobernanza de la laguna: Comité de Representantes, Comisión de Seguimiento y Comité Científico. El articulado también pone de manifiesto que cualquier conducta que vulnere los derechos garantizados por esta ley tendrán responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa. Desde el PSOE se ha criticado la falta de diligencia para aplicar las leyes medioambientales y la escasa protección que se ha hecho del Mar Menor. La senadora Lourdes Retuerto ha dicho que lo que está sucediendo en esta laguna es un fracaso de las políticas del Gobierno regional, que es el competente en las políticas de agricultura y vertebración del territorio, además de criticar la «inacción» del ejecutivo regional. «El Mar Menor ha sido el resultado de políticas erráticas y codiciosas, de desarrollos económicos incompatibles con preservar este ecosistema único», ha añadido. Desde el Partido Popular, el senador Juan María Vázquez han criticado que el Gobierno de España decidiera archivar el proyecto Vertido Cero para evitar la entrada de nutrientes a la laguna y ha salido en defensa de los agricultores al indicar que en la zona se está desarrollando una actividad que ha sido «injustamente señalada» como la principal causa de los aportes de nutrientes a la laguna. El senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha añadido que la Iniciativa Legislativa Popular que ha llevado a la tramitación de esta ley es una prueba clara del fracaso de las políticas de protección que se han llevado a cabo en la Región de Murcia y ha destacado la importancia de la laguna para la comunidad autónoma. Vox ha presentado un veto a esta ley argumentando que se trata de una norma que cuestiona el derecho ambiental europeo y diciendo que se trata de un «disparate jurídico» ya que supone aumentar el gasto público y someterse a la ecología. Este partido ya ha anunciado que piensa recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional. La ILP fue presentada el 15 de marzo de 2022 ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso por una de una de sus promotoras, la profesora de la Universidad de Murcia Teresa Vicente. En abril el Congreso de los Diputados aceptó su toma en consideración y en septiembre fue remitida por esta cámara al Senado, donde concluye esa tramitación legal. Coincidiendo con esta votación, hasta Madrid se ha desplazado una representación de los grupos implicados en el impulso de la ILP del Mar Menor, que se han concentrado a la puerta del Senado.