Pedro Antonio Sánchez, el primer presidente de la Región de Murcia que se sienta en el banquillo de los acusados

Murcia

Este martes arranca en la Audiencia Provincial de Murcia el juicio por el ‘Caso Auditorio’, que sentará por primera vez a un presidente del ejecutivo autonómico en el banquillo de los acusados. Pedro Antonio Sánchez afronta así el proceso judicial que marcó su etapa al frente de la Comunidad Autónoma y que precipitó su dimisión en 2017.

Hasta ese momento se habían desarrollado dos años de investigación judicial en los que el nombre de Pedro Antonio Sánchez aparecía siempre en el centro de esta investigación para dilucidar qué uso se dio al dinero público recibido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para construir un auditorio que nunca se acabó.

Sánchez era entonces alcalde de esta localidad, que utilizó como trampolín a la política regional. Paradójicamente, la sombra de este edificio construido para proyectar su imagen política se alargó hasta hacerlo dimitir en abril de 2017. Habían pasado apenas dos años desde su llegada a la presidencia autonómica tras una larga espera en la que su nombre siempre fue el más mencionado como sucesor de Ramón Luís Valcárcel para tomar las riendas del PP.

¿Qué investiga el ‘Caso Auditorio’?

La investigación trata de esclarecer las presuntas irregularidades que se habrían cometido para la adjudicación y construcción del auditorio municipal de Puerto Lumbreras, levantado en una parcela de 10.000 metros cuadrados y que contaba con tener una capacidad para 900 personas.

Las obras, con un presupuesto de seis millones de euros aportados a través de una subvención por el Gobierno Regional (del PP, igual que el gobierno municipal en el consistorio lumbrerense), se ejecutaron entre 2008 y 2011. Desde entonces está cerrado y sin concluir, a pesar de que el consistorio recepcionó el edificio como acabado.

Desde el primer momento, muchas voces señalaron algunas de ésas posibles irregularidades. Uno de ellas fue la del entonces decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, Francisco Camino. En declaraciones a la Cadena SER en 2017, Camino dijo sobre este proyecto: “Fue un concurso fraudulento, no un error administrativo”.

¿Qué delitos se imputan a Pedro Antonio Sánchez?

Al ex presidente de la Región de Murcia, la Fiscalía le acusa de un delito de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude y prevaricación durante la tramitación de las obras del auditorio. Por ello, pide pena de prisión de cuatro años y medio. Además, también pide 19 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de seis millones de euros (con seis meses de prisión en caso de impago).

¿Quién más se va a sentar en el banquillo?

Junto a Pedro Antonio Sánchez, están acusados en este caso el arquitecto Martín Lejárraga, la secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García, y el empresario Vicente Gimeno, representante de la empresa ECISA.

Para todos ellos, se piden penas de prisión de dos años y tres meses por prevaricación y fraude en concurso con prevaricación, en el caso de Lejárraga y García.

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¿En qué consisten los presuntos delitos cometidos durante este proyecto?

El Ministerio Público considera probado en su escrito de acusación que Sánchez realizó antes de septiembre de 2005 un encargo "ilícito" a un arquitecto, quien aceptó "a sabiendas de la falta de expediente alguno de contratación". El entonces alcalde obró así "con ánimo de obtener una subvención", según el Fiscal. Además, el Ministerio Público pone de manifiesto que se procedió a ejecutar el proyecto sobre una parcela que "ni siquiera era de propiedad municipal”.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras obtuvo una subvención de seis millones de euros para realizar un Teatro-Auditorio sobre la parcela de Rambla de Nogalte. El Consistorio decía tener disponibilidad del terreno "pese no ser cierto", según el Fiscal, quien cree que fue "un ardid engañoso" cuya finalidad era no perder la oportunidad de obtener la liberación de fondos.

Al mismo tiempo, el escrito de acusación destaca que este "ardid" permitió presentar esa obra como "gestión a publicitar políticamente de cara las elecciones de mayo de 2007". Se trata, según el Ministerio Público, de un "engaño" que "se causó de modo eficaz al destinatario de la información: la Consejería de Cultura".

El Fiscal señala que este cambio de parcela, unido a la inclusión de obras "no subvencionadas ni autorizadas por la Comunidad" (consistentes en tres edificios y un garaje), "determinó la inviabilidad técnica y económica del proyecto desde su inicio".

Todo ello, según el escrito de acusación, "motivó que se ejecutara realmente desde su inicio un proyecto modificado, de hecho, de forma subrepticia" hasta la "ilícita aprobación" de la terminación de la obra.

Así, la operación permitió certificar como finalizada "una obra incompleta". Además, se trató de un proyecto modificado "que tampoco se presentó para autorización previa por la Comunidad", según el escrito de acusación.

Para ir justificando el gasto del importe de la subvención ante la Comunidad y evitar el reintegro, el Fiscal afirma que se aportaron certificaciones de obra "incrementadas indebidamente en un 38,04% a sabiendas".

¿Es la única investigación judicial contra Pedro Sánchez?

Para Pedro Antonio Sánchez, no ha sido el ‘Caso Auditorio’ la única investigación que ha marcado sus últimos años de carrera política, incluso después de dejarla con su renuncia a la presidencia autonómica en abril de 2017 a tiempo de evitar una moción de censura impulsada por la oposición a los pocos días de comparecer en calidad de investigado ante el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado.

Casi al mismo tiempo que el ‘Caso Auditorio’, el nombre de Sánchez, junto al la ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, se vio asociado a algunas de las tramas derivadas de la ‘Operación Púnica’, con raíces en la comunidad de Madrid. Tanto la investigación a Sánchez como a Barreiro han sido archivadas.

También fue archivada la denuncia presentada por Podemos por las obras de sendas pasarelas sobre la rambla de Nogalte en el municipio de Puerto Lumbreras, encargadas también al arquitecto Martín Lejárraga. En este caso, aunque también se archivó, se debió a un error en el proceso, al sobrepasar el plazo máximo para investigarle.

Su última visita a los juzgados tuvo lugar en 2019, por la denuncia de la Fiscalía en el denominado ‘Caso Guardería’. El objetivo era investigar los presuntos hechos delictivos que pudieran haberse cometido en la construcción de un centro de la mujer y un centro de atención a la infancia. Ambos se ejecutaron entre 2006 y 2009, en Puerto Lumbreras, el municipio donde estos proyectos se convirtieron en el trampolín político del que durante años fue la gran promesa del PP para tomar el relevo del partido tras la salida de Ramón Luís Valcárcel.