La consejería de Fomento exige la "retirada inmediata" de los mapas de zonas inundables de la CHS

Murcia

La consejería de Fomento ha presentado una batería de alegaciones para pedir la “retirada inmediata” de los mapas de zonas de flujo preferente elaborados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al considerar que son “de escasa fiabilidad”, están plagados de “errores técnicos y jurídicos”, y tendrán graves consecuencias a nivel patrimonial.

El consejero del ramo, José Ramón Díez de Revenga, ha explicado en una rueda de prensa que estos mapas, que establecen las zonas que, según la CHS, son susceptibles de sufrir inundaciones peligrosas (de más de un metro de profundidad o con un caudal que circularía a velocidad de más de un metro por segundo) están “viciados de nulidad” y acabarán por ser anulados por la justicia, por lo que necesitan un replanteamiento integral.

Para su elaboración, ha lamentado, se ha utilizado un modelo analítico importado de países del norte de Europa que para nada es aplicable a la realidad y la climatología de la Región de Murcia, con episodios de lluvias cortos y torrenciales que no quedan reflejados en este tipo de modelo.

Por eso, los mapas no representan de forma fiable un fenómeno, ha subrayado, tan complejo como el de las inundaciones, porque no incorpora de forma realista las múltiples variables que intervienen, generando resultados paradójicos.

Como ejemplo, ha puesto el de las últimas inundaciones en el mes de septiembre en la pedanía murciana de Javalí Viejo, en las que falleció una persona cuya vivienda, según estos mapas, no estaría en zona inundable, porque el modelo no contempla posibles obstáculos que desvíen las aguas del cauce de la rambla, como ocurrió en este caso.

Ocurre algo similar en todo el entorno del río Segura a su paso por el municipio de Murcia: no se contemplan inundaciones en los márgenes del río pero sí a un kilómetro de distancia del cauce.

Edificios históricos y centenarios como el cuartel de artillería, la antigua estación de Zaraíche (actual sede de Aguas de Murcia) o la estación del Carmen, y otros en continuo uso, como el hospital Morales Meseguer, se encuentran según estos mapas en zona de flujo preferente (es decir, de alto riesgo de inundaciones peligrosas), por lo que no podrían, por ejemplo, recibir ninguna licencia para reformas.

También están en este tipo de zonas inundables los terrenos liberados por el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital, por lo que con estos mapas, no se habrían podido poner bajo tierra las vías, ha resaltado el consejero.

La situación es similar en Cartagena, donde se considera inundable la parte más antigua de la ciudad, incluido el Ayuntamiento o el edificio de la Autoridad Portuaria, y otros municipios como Los Alcázares ni siquiera podrían haber existido, según estas cartografías.

Por ello, Revenga ha advertido de que los mapas no serán aplicables desde un punto de vista jurídico y generarán una enorme litigiosidad, no solo con las administraciones, sino con particulares cuyas parcelas o propiedades se vean afectadas y en las que se prohíba cualquier tipo de actividad por un riesgo que no está “verificado y comprobado”.

Ha puesto como ejemplo el nuevo centro asistencial que tenía previsto construir la ONG Assido de personas son síndrome de Down en Murcia, en una parcela cercana al centro del ocio Zig Zag y para el que había obtenido fondos europeos que va a perder, puesto que, en base a estos mapas, el ayuntamiento no puede concederles las licencias de obras, a pesar de que la parcela nunca ha sufrido inundaciones.

Cualquier propietario de una vivienda en una de estas zonas afectadas por los mapas, ha subrayado, no podrá asimismo obtener licencias de reforma de su vivienda “aunque sea un cuarto piso”.

Para el consejero, la CHS debería haber basado estas cartografías en “métodos empíricos” y no en cálculos teóricos utilizando, por ejemplo, las evidencias captadas por el satélite europeo Sentinel durante la DANA de 2019, para contar con información más fiable sobre las zonas que quedaron afectadas.

Según los actuales mapas, ha lamentado, unas 400.000 personas de la región viven en zonas de flujo preferente “en riesgo grave de sufrir inundaciones”, por lo que se ha preguntado qué deberían hacer esas personas, aunque ha insistido en que la información no es correcta.

También ha denunciado que no se han seguido los procedimientos administrativos habituales más allá de la publicación en internet de las cartografías para, a posteriori y tras las quejas recibidas, abrir un periodo de alegaciones sobre el que no se sabe el periodo de respuesta o los trámites que se derivarán de él.

Por último, ha defendido que los riesgos de inundaciones deben tratar de minimizarse “en origen”, con actuaciones en los cauces y ramblas, infraestructuras de laminación y drenaje, y medidas de reducción de caudales y control de desbordamientos, tal y como históricamente se ha hecho en la región, y no prohibiendo la actividad en función de mapas de escasa fiabilidad.