Proexport reclama al Comité Científico del Mar Menor que considere los estudios de la Fundación Ingenio sobre aguas residuales

Murcia

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, Proexport, ha pedido cambios legales tanto al Gobierno regional como a la Confederación Hidrográfica del Segura para evitar lo que califican de "grave drama social que se avecina" en el Campo de Cartagena por las medidas que se están aplicando a la actividad agraria en esta zona. Advierten de que "miles de agricultores, sus familias y trabajadores" pueden acabar "expulsados" de esa actividad.

En un comunicado que ha enviado esta organización tras su reunión de la Comisión de Gobierno, piden al ejecutivo regional la reforma de la Ley del Mar Menor, la Ley 3/2020, y recuerdan que junto a las coordinadoras agrarias y Fecoam presentaron esa propuesta días atrás a los grupos políticos de la Asamblea Regional para plantear esos cambios. Según el presidente de Proexport, Mariano Zapata, son cambios "coherentes, asumibles y que en ningún caso generan afección o falta de protección al Mar Menor, todo lo contrario".

De igual forma, a la Confederación Hidrográfica del Segura le piden que se levanten las medidas cautelares impuestas para proteger el acuífero del Mar Menor de la entrada de nuevos contaminantes. Según Proexport, son medidas que "presentan una duplicidad con la Ley que está en vigor y que generan inseguridad jurídica para su aplicación por regantes y agricultores".

Factores "no agrarios de contaminación"

Los exportadores murcianos se refieren también a lo que califican de "factores no agrarios de contaminación" para pide que se tengan en cuenta "los recientes estudios que estos días señalan a las aguas residuales urbanas como factor de contaminación del Mar Menor". Aunque sin mencionarlos en su comunicado, se refiere así Proexport a la campaña emprendida por la Fundación Ingenio, junto a grupos como el denominado AgroIngenieros, que atribuyen la situación del Mar Menor a la entrada de aguas residuales de los núcleos urbanos próximos a la laguna y con las que esta organización quiere descargar de responsabilidad al sector agrario.

Cree así esta organización que esos informes "también deberían ser analizados y contrastados con rigor por los distintas administraciones y, en especial, por el Comité Científico del Mar Menor". De hecho, recuerda que este comité ya señalaba en su informe del 17 de agosto de 2021 que la situación de la laguna podría deberse "a un freático muy alto y la posibilidad de existencia de urbanizaciones o viviendas aún no conectadas a redes de saneamiento". También recuerda que incluso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dedica 64 millones de euros a subsanar este problema.

Proexport insiste en pedir a todas las administraciones, la local, regional y la nacional "que se coordinen y colaboren lealmente para hacer viable la agricultura en la comarca, lo que pasa por adaptar la Ley, solucionar los vertidos urbanos al Mar Menor, el bombeo de la rambla del Albujón, evitar avenidas y escorrentías y acometer ya la extracción y desnitrificación del acuífero que descarga al Mar Menor".

Para el PP, "no es ninguna prioridad" reformar la Ley del Mar menor

A pesar de esto, el PP considera que "no es ninguna prioridad" acometer la reforma de la Ley del Mar Menor, que fue aprobada por una amplia mayoría de la Asamblea Regional en 2020, como ha recordado hoy el portavoz de los populares Joaquín Segado. "No vamos a acometer ninguna modificación de ley que suponga poner en riesgo o hacer algo que pueda poner en peligro el Mar Menor, ésa va a ser nuestra bandera roja", ha dicho Segado, que reconoce que han recibido un documento con propuestas del sector agrario con esas propuestas de cambios legislativos. "No es ninguna prioridad", dice sobre la posible reforma.