El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se retira de la acusación particular en el juicio por el Caso Auditorio

Murcia

El juicio por el 'Caso Auditorio' entra en su recta final con dos jornadas, lunes y martes, en las que acusación y defensa expondrán sus conclusiones después de más de dos meses de comparecencias y declaraciones de acusados, testigos y peritos en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. En la jornada de este lunes, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha anunciado que se retiraba como acusación particular. La representante legal del Ayuntamiento ha informado de que realizaba esa petición de retirada "por no apreciar la concurrencia de las conductas delictivas conforme a la acusación (de la Fiscalía) a la que se adhirió".

La causa investiga las posibles irregularidades e ilícitos que podrían haberse cometido durante la adjudicación del proyecto y la construcción de un teatro-auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras, durante la etapa como alcalde del ex presidente regional Pedro Antonio Sánchez. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha aprovechado su intervención para enumerar todas las irregularidades según él ha puesto de manifiesto el juicio por la construcción del auditorio.

Para su construcción, el equipo de gobierno solicitó una subvención de 6 millones de euros y fue recepcionado tras varias modificaciones y cambios iniciales sin que las obras estuvieran acabadas. Señalando directamente a la responsabilidad directa de Pedro Antonio Sánchez, Lozano ha recordado que esa subvención equivalía prácticamente a la mitad del presupuesto municipal, unos 13 millones: "Estás pidiendo una subvención que es la mitad del presupuesto anual del Ayuntamiento y no te lees el proyecto que presentas. No resulta admisible. Las grandes líneas del proyecto las debía de conocer".

Junto a Pedro Antonio Sánchez, también se encausa al arquitecto Martín Lejarraga; la secretaria accidental del Ayuntamiento, Caridad García; y a Vicente Gimeno, responsable de la empresa adjudicataria de las obras de construcción.

El fiscal mantiene su petición de pena e inhabilitación

El fiscal ha enumerado actuaciones presuntamente ilícitas que van, dice Lozano, desde el concurso para el proyecto encargado al arquitecto Martín Lejarraga ("el concurso trató de respetar las formalidades legales, pero estaba predeterminado por esa voluntad inicial de conseguir la adjudicación del señor Lejarraga") al cambio del emplazamiento inicial para el auditorio a otra parcela, al modificado de la obra o su certificación: "¿Se entregó eso? No. Luego han incumplido su objeto".

A pesar de que el ex presidente negó en su declaración ante el tribunal tener conocimiento de los cambios y trámites realizados, ha insistido Lozano en que son "trámites legales preceptivos que necesariamente conocía el señor Sánchez", por su condición de titulado en Ciencias Políticas, por su condición de alcalde desde el año 2003 y por haber desempeñado también el cargo de director general de la Comunidad Autónoma.

El fiscal anticorrupción mantiene lo que apunto en el escrito de calificación en el que apuntaba un delito de prevaricación continuada y otro de fraude a la administración y prevaricación en la aprobación del modificado del proyecto. Por éste último, solicita dos años y medio de prisión y 9 de inhabilitación para cargo público. En el de prevaricación continuada, pide 10 años de inhabilitación.

Dos meses de sesiones

Fue el propio Pedro Antonio Sánchez el primero en declarar durante este procedimiento el pasado 27 de septiembre : "Nunca hubo un encargo, nunca hubo un contrato y nunca hubo un pago para la construcción del Auditorio", dijo entonces.

Igual que Sánchez, Martin Lejarraga negó haber recibido ningún encargo para el proyecto de construcción de este auditorio, en el que, además de intentar aclarar el proceso de adjudicación de ese proyecto, también se investiga el destino de los sobrecostes producidos durante las obras.

Sobre este extremo, el director técnico de la obras, Francisco de Asís Pérez, aseguró ante el juez que no hubo sobrecostes. Según este testigo, se realizó un modificado de las obras al detectar "problemas geotécnicos" y que sin ese modificado no se hubiera podido recepcionar la obra.

Por su parte, otro testigo, Francisco Camino, decano del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia durante la construcción del auditorio lumbrerense, señaló que recibió "quejas" de otros arquitectos porque se había iniciado el proceso antes del concurso del proyecto

A lo largo de estos dos meses, hemos escuchado otros testimonios como el del que fuera interventor de la Comunidad Autónoma, Ángel Jurado, perito propuesto por la Fiscalía, que aseguró que la Consejería de Cultura no debió haber entregado los seis millones de euros que concedió para financiar las obras, ya que en aquel momento el ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del que era alcalde Pedro Antonio Sánchez, no era titular de los terrenos sobre las que se realizaron.

Por la sala 3 de la Audiencia Provincial de Murcia han pasado desde la actual alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, a las que fueran concejalas de Cultura durante el periodo investigado, Matilde Gloria García e Isabel García, y la concejal de Seguridad, Dolores Arenas. Éstas últimas aseguran no recordar nada y han atribuido a "los técnicos" y a la "concejalía de Obras" todas las decisiones adoptadas.