El Gobierno murciano y la Diputación de Alicante acuerdan una estrategia judicial conjunta que frene el recorte del Trasvase Tajo-Segura

Murcia

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón han firmado un acuerdo en la sede del gobierno murciano para emprender acciones conjuntas que frenen el recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura. Así lo ha dicho López Miras, quien habla de menoscabo, perjuicio, maltrato y desprecio del Gobierno de España con el Levante español.

López Miras ha señalado que de momento los servicios jurídicos de ambas instituciones está trabajando para presentar alegaciones al acuerdo del Consejo Nacional del Agua una vez que llegue al Consejo de Estado, que es el paso previo para que sea aprobado por el Consejo de Ministros. Dice el presidente murciano que la situación es reversible todavía, pero si al final no hay cambios acudirán a todas las instancias judiciales posibles.

El presidente de la Diputación de Alicante, Calos Mazón, que ha hecho un llamamiento a todos los afectados para que se unan a este acuerdo, ha criticado que Pedro Sánchez haya creado otra deuda histórica, la del agua, con su "hoja de ruta política sin base ni rigor técnico y cuyo único objetivo es acabar con el Trasvase Tajo-Segura".

Mazón lamenta "el silencio y la complicidad de los socialistas murcianos y del presidente valenciano Chimo Puig que están generando un daño irreparable"

Ambos responsables políticos populares han comparecido junto AL director del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales (IUACA)., quien ha presentado un estudio que refleja que el efecto del incremento de caudales ecológicos del Tajo significaría la pérdida del 15,6 por ciento de las 27.000 hectáreas actuales de regadíos de la cuenca, con pérdidas patrimoniales valoradas en 5.692 millones de euros y la pérdida de 15.322 empleos. Melgarejo ha señalado que cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar tiene un impacto en la economía del Levante de 4 millones de euros.

Según Melgarejo, en lo que va de legislatura, entre junio de 2018 y septiembre de 2022, se ha dado la circunstancia de que estando el trasvase en un nivel 3 de sus reglas de explotación, se han reducido los caudales trasvasables por decisión directa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a pesar de los informes positivos de la comisión de explotación del acueducto.

Eso se traduce en que en ese periodo la cuenca del Segura dejó de recibir un total de 147,3 hectómetros cúbicos, lo que ha generado un efecto negativo sobre un valor añadido bruto de la cuenca del segura de 590 millones de euros.