Las personas con discapacidad usuarias de viviendas tuteladas contarán con una paga de 300 euros, casi el triple de la actual

Murcia

El pleno de la Asamblea regional ha aprobado por unanimidad la proposición de ley sobre el incremento de la paga a personas discapacitadas usuarias de viviendas tuteladas. Más de 300 euros cobrarán los discapacitados que viven en viviendas tuleladas, lo que se donomina dinero de bolsillo, que hasta ahora era de unos 120 euros y que a partir de ahora superará los esos trescientos euros, que además, según la diputada popular Maruja Pelegrín, irá subiendo en años sucesivos.

Durante el pleno, los grupos de la oposición se han mostrado de acuerdo, aunque la diputada de Podemos ha reclamado más plazas tuteladas en Salud Mental o más dinero para aquellos que vivan en residencias, según el diputado socialista José Antonio Peñalver ha advertido de que las personas que están en residencias también "viven en una situación precaria a pesar de estar en una residencia.

La portavoz de Podemos, María Marín, ha recordado que han sido las constantes movilizaciones de las federaciones las que han logrado este aumento que la consejera del ramo anunció en 2019: “Si quería subirlo, podría hacerlo con una orden o un decreto, pero no lo ha hecho o por afán de publicidad o por dilatar al máximo este asunto y ahorrarse un dinero”.

El parlamentario de Cs Juan José Molina ha reconocido la mejora, pero ha abogado por legislar de forma más individualizada en lugar de “al peso”: “Es más justo tener en cuenta cada caso”, pues “para algunos puede ser dinero suficiente, pero para los carecen de entorno familiar es claramente insuficiente”.

Hasta la Asamblea se ha trasladado la presidenta de la Federación Salud Mental Región de Murcia, Pilar Morales, acompañada de personas de viviendas de Apices Cartagena y Afemac Águilas, para destacar la importancia de haber conseguido “esta reivindicación que hace más de 10 años está pidiendo el movimiento asociativo".

El pleno ha debatido también por el procedimiento de urgencia en lectura única otra proposición de ley de los mismos impulsores para aumentar el precio que paga el Gobierno murciano por plazas concertadas en residencias y centros de día para personas mayores privados.

El portavoz de los expulsados naranjas, Francisco Álvarez, ha explicado que se trata de un incremento del 5,38 % con efecto retroactivo al 1 de enero de este año, que en 2023 será del 3,5 % y en 2024 del 4,25 % con el objetivo de ayudar a paliar los sobrecostes por la crisis sanitaria del covid y la inflación a esas empresas privadas.

La diputada socialista Toñi Abenza ha recordado que este incremento es una obligación legal que no solo estaba incluida en los presupuestos de la comunidad Autónoma para 2022, sino que además está aprobada por una resolución del Instituto Murciano de Acción Social del pasado febrero.

“Han esperado tanto que bien podría parecer un trámite electoral o una ley cien por cien oportunista, pero estamos ante un hecho caótico que evidencia una gestión nefasta”, ha dicho quien ha desvelado que la cifra aprobada para este año “se ha quedado obsoleta” al aprobarse en el Consejo Interterritorial de Salud nacional que el aumento sea del 6,5 por ciento.

Marín ha preguntado a la consejera del ramo, Isabel Franco, dónde están los sanitarios que prometió en septiembre en cada área de salud para atender a las residencias, un incumplimiento “gravísimo” porque “con otra pandemia o situación de emergencia volveríamos a vivir la misma pesadilla”, con lo que “es el momento de ir más allá y afrontar un cambio de modelo”.

A Molina le ha llamado la atención la diferencia entre el coste de una plaza concentrada y una gestionada directamente por la administración, ya que en este último caso puede ser el doble, por lo que cree que existe “un grave problema de gestión del dinero público”, al tiempo que ha reclamado que se mejore la ratio trabajador/residente.

Todos los grupos han votado a favor, salvo Podemos, que se ha abstenido.