Los regantes del Trasvase Tajo-Segura se reúnen este martes con Ximo Puig antes de llevar su protesta a Madrid en enero

Murcia

La Asamblea General del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha aprobado convocar una concentración el próximo 11 de enero a las puertas de Nuevos Ministerios, en Madrid, para defender el trasvase.

En concreto, durante la movilización exigirán que, "si se toca una coma" sobre lo acordado en el proyecto de Real Decreto del plan hidrológico del Tajo sometido a votación en el Consejo Nacional del Agua, sea para "mejorar el texto bajando el caudal ecológico a su paso por Aranjuez de 7 a 6 metros cúbicos por segundo".

Y es que "el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoce que no es necesario subir los caudales ecológicos si no se están haciendo bien las cosas en las grandes poblaciones que vierten sus aguas en mal estado al Tajo".

Así lo ha hecho saber el portavoz del Círculo por el Agua y presidente del Scrats, Lucas Jiménez, en un contacto con los medios de comunicación al concluir la Asamblea General que ha aprobado esta concentración a propuesta de la Junta de Gobierno del Sindicato.

En este sentido, ha animado a unirse a la movilización el 11 de enero "a toda la sociedad civil, a todas las Mesas del Agua --tanto la de Murcia como las de Almería y Alicante--", así como a todas las organizaciones sociales y económicas que las integran.

Además, la Asamblea General del Scrats ha acordado convocar una movilización en Madrid el día que el Consejo de Ministros acuerde "cercenar" el trasvase "con las consecuencias graves que todos conocemos".

REUNIÓN CON XIMO PUIG

Jiménez ha adelantado que se reunirá este martes, 20 de diciembre, con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, al que transmitirá su "sorpresa" porque "todo parece indicar que va a haber una modificación a peor del proyecto de Real Decreto".

A este respecto, ha advertido que se trata de una modificación sobre el proyecto de Real Decreto que tanto Puig como el secretario general del PSRM, José Vélez, anunciaron "a bombo y platillo" que habían conseguido.

Por lo tanto, Jiménez ha pedido a Puig y a Vélez "que sean tan fuertes" en la defensa del trasvase como ha sido el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "a la hora de destruir el trasvase".

Ha señalado, además, que la población de Castilla-La Mancha "no se va a beneficiar en nada de lo que propone su líder regional". Por lo tanto, cree que Puig "debe echar más carne en el asador y ser más vehemente que su contrincante, García-Page".

Más de 17.000 empleos en juego

Lucas ha comparecido acompañado por el catedrático y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, quien ha aseverado que "cualquier subida de los caudales ecológicos en el Tajo no tiene justificación alguna de carácter técnico, social o económico, sean 6,5 metros cúbicos por segundo, 7 u 8,65".

"Ninguna de esas subidas de caudales ecológicos se fundamenta en ningún estudio técnico", ha apostillado. Además, ha señalado que "no beneficia en nada sustancialmente" al propio río Tajo.

Por otro lado, ha considerado que "nada tiene que ver el trasvase Tajo-Segura con la depuración de las aguas de Madrid". "Me parece muy bien que las aguas de Madrid sean depuradas todo lo que corresponda, pero, que yo sepa, Madrid no está incumpliendo ninguna normativa respecto al tratamiento de sus aguas", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que la subida de los caudales ecológicos del Tajo "afectaría social, medioambiental y económicamente a las provincias" del Levante "de forma muy directa".

De hecho, ha advertido que 27.314 hectáreas de superficie regada se verían "comprometidas" por esta subida de los caudales ecológicos, al tiempo que afectaría a 15.322 empleos y supondría la "pérdida patrimonial de 5.692 millones de euros de aquí hasta 2027". No obstante, ha precisado que las cifras pueden variar "en función de los volúmenes que, en cada momento, se pudieran trasvasar".

Asimismo, ha señalado que toda planificación hidrológica "debe tender a la corrección de los desequilibrios", y la cuenca del Segura es "estructuralmente deficitaria" tal y como se recoge en todos los ciclos de planificación. De hecho, el tercer plan hidrológico preveía en torno a 290 hectómetros cúbicos de déficit hídrico.

Y ha advertido que se déficit "se verá incrementado" si se lleva a cabo la detracción de agua como consecuencia del aumento de caudales ecológicos en el Tajo.

En este sentido, ha recordado que el "histórico" de aguas para la Mancomunidad de Aguas del Taibilla ha sido superior a los 110 hectómetros cúbicos en los últimos 43 años, y estos recursos hídricos "terminan siendo tratados y la práctica totalidad reutilizado en la provincia de Murcia". En el caso de la provincia de Alicante, en la zona correspondiente al Segura se reutiliza el 85% de esa agua.

A su juicio, no se entiende que la Comunidad Valenciana "se abstuviera" en el Consejo Nacional del Agua que se celebró el 29 de noviembre, a pesar de representar "una toma de decisiones tan significativa para la Comunidad Valenciana". Y es que el perjuicio solo en la provincia de Alicante "ascendería a más de 6.500 empleos directos y en torno a un tercio de los 5.692 millones de euros" de pérdidas.

Problemas jurídicos

También ha intervenido el director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales la Universidad de Alicante, Andrés Molina, quien ha expuesto un análisis jurídico del proyecto de plan hidrológico del Tajo en relación con los caudales ecológicos.

"Observamos que existen importantes dudas de legalidad de este proyecto por diferentes razones", según Molina, quien ha citado "deficiencias" en el proceso participativo porque "las alegaciones que se presentaron por parte de los usuarios y de las instituciones alicantinas y murcianas no fueron prácticamente contestadas, más allá de respuestas genéricas".

También han observado "deficiencias" porque "no ha habido un intento de concertación real" con los usuarios del trasvase, a los que "se les ha dejado al margen" del proceso. "No lo compartimos, porque creemos que son una pieza fundamental también en la planificación del Tajo", ha subrayado.

El estudio también ha corroborado que una elevación "tan notable" de los caudales ecológicos en una norma que tiene un carácter reglamentario "iría en contra de la legislación que garantiza y regula los derechos de los usuarios del trasvase". Esto plantea, añade, "un problema de jerarquía normativa que podría dar lugar a la anulación del Plan del Tajo", ha remarcado.

Además, si se lleva a cabo la elevación del caudal ecológico del Tajo, "podría haber una reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de las entidades y usuarios que se vean perjudicados", ha zanjado.

Finalmente, el profesor de la Universidad de Alcalá, Alberto de Villar, ha aportado una valoración económica de las actividades sustentadas con los recursos del trasvase. Así, ha señalado que se elevan a unos 3.600 millones de euros, no solo derivados de la actividad agraria, sino también "el resto de actividades" sostenidas por ese sector primario.

Asimismo, ha explicado que el trasvase aporta otros 70.000 empleos. Habría otra aportación de 3.600 millones de euros adicionales en base "al coste por la contaminación y el beneficio ambiental".

Finalmente, ha admitido que esto "podría hacerse de otra manera" siempre que se aporten recursos "de idéntica calidad, de idéntica funcionalidad y de idéntico coste".