El Consejo de Estado se pronuncia este jueves sobre la futura planificación del Tajo y el Segura
Su dictamen no es vinculante, pero es el último paso antes de que el real decreto que regulará esta planificación llegue al Consejo de Ministros
Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado / DAVID CORRAL
Murcia
La Comisión Permanente del Consejo de Estado se reúne esta mañana, como suele hacer cada jueves, para analizar los diferentes dictámenes que tiene que resolver. Presidido por Magdalena Valerio, es el máximo órgano consultivo del estado. Este jueves 19 de enero tendrá sobre la mesa el referente al decreto que regulará el nuevo ciclo de planificación hidrológica hasta 2027, incluyendo a cuencas como las del Tajo y el Segura, y que se ha convertido en objeto de controversia entre las comunidades que riega el Trasvase-Tajo Segura, por un lado, y Castilla-La Mancha y el Gobierno Central, por otro.
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Según han informado a la Cadena SER fuentes de este órgano consultivo, el dictamen se trasladará a la administración que ha realizado esa consulta, que en este caso es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así, una vez que acabe la reunión, se le trasladarían sus conclusiones jurídicas, que se espera que estén en manos del MITECO a última hora de esta tarde o a primera hora del viernes. El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, en todo caso. La última palabra para la aprobación definitiva la tendrá el Consejo de Ministros, sobre cuya mesa puede estar este decreto el martes de la próxima semana.
Esa nueva ordenación incluye el incremento de caudales ecológicos del Tajo, algo que se hace, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento de diferentes sentencias del Tribunal Supremo que les obligan a ello. Sin embargo, desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, advierten de que producirá una merma de 103 hectómetros cúbicos al año en los caudales que se desembalsan del Tajo al Segura. Al mismo tiempo, consideran que la planificación del Segura, a través de desalación, no ofrece alternativa a esa merma de recursos hídricos. "Es una tirita", ha dicho el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez.
Desde el Gobierno regional, su presidente, Fernando López Miras, ha insistido mantenido en el argumento mantenido hasta ahora: no hay motivos técnicos ni científicos para ese incremento de caudales y se trata exclusivamente de una medida "política y sectaria".
Tanto el ejecutivo murciano como el de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig han presentado alegaciones a ese decreto. El consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, confía en que "impere el sentido común" en el Consejo de Estado y que se tengan en cuenta las alegaciones "científicas, técnicas y jurídicas" del Gobierno regional.