Diez empresas murcianas sancionadas por infringir la Ley de Cadena Alimentaria

Murcia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la primera lista de sanciones firmes por incumplimientos graves y muy graves de la Ley de la Cadena Alimentaria. Aparecen un total de 69 empresas y los principales elementos de sanción son el incumplimiento de los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos, elemento clave para la seguridad y transparencia de las operaciones en la cadena.

En el listado de empresas sancionadas aparecen diez de la Región de Murcia de las que dos incluso acumulan varias sanciones diferentes. Se trata de la archenera Frutas Ginés S.L., con tres sanciones que suman un total de 5.701'8 euros, y de la muleña Crisol Frutos secos S.A.T., que acumula dos sanciones por un importe total de 6.380 euros.

Sin embargo, la empresa murciana a la que el ministerio impone una mayor sanción es J.García Carrión con una multa de 9.147´81 euros por incumplir los plazos de pago.

Por el mismo motivo la cartagenera Agrosol del Levante y la jumillana Central Quesera Montesinos tendrán que pagar una sanción de 3.001 euros. Misma sanción para Bodegas Alceño, pero en este caso por modificar el precio incluido en el contrato.

El resto de empresas murcianas incluidas en este listado: Uniland, Grupo Hortiberia, Hortofrutícola Brigitte y Exportaciones Blanca se enfrentan a una sanción de 1.800'60 euros por diversas causas: unas por incumplir los plazos de pago y otras por no incluir el precio en el contrato.

COAG muestra su satisfacción por la publicación de este listado

La Coordinadora Agraria recuerda que "ha sido una reclamación histórica de las organizaciones agrarias desde la publicación inicial de la Ley de Cadena en 2013".

Destaca en un comunicado que , "con esta medida, cuando alguien vaya a adquirir un producto puede valorar, con una información pública concreta y clara, qué operadores están llevando a cabo prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena de valor" y añaden que “Las sanciones evidencian que sin la Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva” y que “Unos precios justos del campo a la mesa no se consiguen sólo con buenas voluntades”.

COAG considera además que "hacer públicas las sanciones firmes es un elemento clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas en sus compras" y afirma que "es imperioso seguir trabajando en la aplicación de la ley porque las personas del sector están contra las cuerdas y el abandono de explotaciones del modelo social es continuo".

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