De informes a la carta para Polaris World a convenios imposibles con ayuntamientos: las maniobras de Valcárcel en el Caso Desaladora, según la Fiscalía

Murcia

"El agua urgente por situación de emergencia se convirtió en innecesaria para consumo humano": ése fue el final al agua desalada en la planta de Escombreras según el fiscal del Caso Desaladora, Juan Pablo Lozano. Esta inversión millonaria que sigue lastrando las arcas públicas del gobierno regional se dedicó así a producir un agua que "acabó destinándose al riego agrícola de forma lenta y totalmente innecesaria".

Y todo ello a pesar del empeño de salvar esta infraestructura de la "ruina inevitable" a la que parecía abocada. El fiscal relata el empeño por parte de Ramón Luís Valcárcel y su consejero Antonio Cerdá para alcanzar acuerdos con buen número de ayuntamientos de la Región de Murcia, la gran mayoría de ellos del PP, y que se comprometieran a adquirir el agua de esa desaladora. El problema, como sostiene Lozano, es que esos recursos hídricos no se podían suministrar: ni había capacidad para producirlos ni redes para hacerlos llegar a esas localidades.

Este escrito de acusación es el que sostiene la acusación el escrito con el que la jueza de Instrucción ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Región de Murcia, Ramón Luís Valcárcel, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras. También se le pide a Valcárcel una fianza de 74 millones de euros, para lo que se ha tenido en cuenta el perjuicio económico causado a las arcas públicas.

El fiscal enumera perjuicios como "enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39% de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM”.

El entramado societario

A la Fiscalía se habían hecho llegar, en otros documentos, las conclusiones de la Comisión de Investigación que se llevó a cabo sobre la desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional. En las comparecencias que se llevaron a cabo, el ex presidente y sucesor de Valcárcel, Alberto Garre, que habló de "entramado" de empresas y lo calificó de "galimatías". Detrás de él, había unas condiciones "leoninas" que según Garre nunca habría aceptado.

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Lo que dice el Fiscal sobre ese entramado, que tiene como núcleo central las negociaciones entre EPA (Ente Público del Agua, un órgano público de nueva creación) y la empresa privada Hydromanagement, es que fue "una operativa concatenada y sincronizada". Detrás de cada uno de los hitos que se fueron alcanzando para construir y gestionar la desaladora se encontraba Ramón Luís Valcárcel y su consejero Antonio Cerdá, con la única finalidad de que el proyecto escapara al control de los Servicios de Intervención, Servicios Jurídicos y Servicios Técnicos de la Comunidad Autónoma.

A ambos los señala por actuar con el ánimo "de favorecer la obtención irreal de informes favorables de disponibilidad de recursos hídricos para futuros proyectos urbanísticos y crecimientos de los PGO en tramitación y sustituir y soslayar los informes preceptivos de la CHS y justificar así la ilícita operativa diseñada, sabiendo la inevitable ruina económica que implicaba y de los sobrecostes que implicaba".

El medio empleado para la adquisición de la desaladora por parte de la comunidad autónoma "incrementaba notablemente los gastos públicos con desprecio del buen uso de los caudales públicos" y lo que se pretendía era crear "un mecanismo de obtención de agua y de informes de disponibilidad de recursos hídricos para imponer su voluntad de favorecer el crecimiento urbanístico y económico de distintos municipios".

El problema de esta "arbitraria estrategia" es que era imposible suministrar "dicha agua supuestamente garantizada". ¿Y a quién se podía vender ese agua? A los ayuntamientos, en un momento de expansión urbanística que acabó con el pinchazo de la burbuja y en el que el gobierno regional tensionaba también sus relaciones con el ejecutivo central del PSOE con el Plan A.G.U.A. como centro de la controversia.

Muchos convenios con ayuntamientos para una "burda escenificación"

Entre noviembre y diciembre de 2005, se firmaron convenios del EPA con los Ayuntamientos de Alcantarilla, Fuente Álamo, Torres de Cotillas, Librilla, Mazarrón, Molina de Segura, Puerto Lumbreras, San Javier, Totana y Torre Pacheco. Lo que se pretendía con ello dar apariencia de viabilidad a la desaladora "aunque los convenios se firmaran por una mayor capacidad de agua de la que era capaz de producir la planta desaladora y con municipios a los que no alcanzaba la red de distribución".

Los municipios enumerados por el fiscal tienen en común que entonces se encontraban gobernados por el PP. La mayoría de los ayuntamientos que alcanzaron estos acuerdos, unos 26 en total, estaban gobernados por los populares, precisa también el escrito de acusación. Sólo tres de ellos contaban con redes de distribución para recibir este agua.

El fiscal dice que "era una burda escenificación auspiciada por el acusado (Valcárcel) al ser en realidad "puro humo", y era el modo de pretender simular una posible viabilidad financiera de la desaladora adquirida a sabiendas que el pretendido "coste cero" era imposible en origen".

Informes falsos para poner en marcha proyectos de Polaris World

Al EPA le correspondía, en función a estos convenios, elaborar los informes de disponibilidad de recursos hídricos para los nuevos desarrollos urbanos. El primero de ellos fue el que se aprobó para el proyecto 'Condado de Alhama', de Polaris World, y lo considera el fiscal "mendaz" debido a la "inexistencia de disponibilidad de agua alguna": "Esa falsa disponibilidad de agua bajo la excusa de afirmar su existencia por el EPA en aras de poder aprobar un proyecto urbanístico, reflejaba la verdadera intencionalidad ilícita que escondía la voluntad del proyecto auspiciado por el acusado".

Una "ruina inevitable" de negocio

Tras enumerar también el proceso de contratos y acuerdos (algunos de muy dudosa legalidad, según el fiscal) por los que la Comunidad Autónoma también asumía los posibles sobrecostes y deudas que generara el proyecto, dice la acusación del Ministerio Fiscal que se aceptó la operación "a sabiendas de la inevitable ruina del proyecto al no preverse la financiación de las redes de suministro a los ayuntamientos conveniados con el EPA".

Esa ruina era inevitable ya que el modelo de viabilidad del proyecto estaba hecho "con desprecio y ausencia patente del mínimo análisis riguroso de las verdaderas necesidades hídricas de los municipios de Murcia".

Agua perdida, sobrecostes y justificaciones

Durante el tiempo que se tardó en poner en marcha esta desaladora al amparo de una presunta "emergencia hídrica" enumera el escrito del Ministerio Fiscal y todas y cada una de las nuevas desaladoras y ampliaciones que llevó a cabo en ese periodo el Gobierno Central: en Alicante, en San pedro Pinatar, en Valdelentisco... "La emergencia hídrica de los Ayuntamientos nunca llegó se llegó a satisfacer por el EPA ni podría hacerse por la inexistencia de redes de suministro, y sólo desde el año 2009 comenzó a suministrarse agua por la desaladora de Escombreras a Cartagena, y en el 2011 a Murcia y Torre Pacheco".