El Ayuntamiento de Murcia recibirá 14,7 millones del Ministerio de Transportes para 6 proyectos de mejora de movilidad

Murcia

El Ayuntamiento de Murcia va a obtener una financiación de 14,7 millones de euros de fondos europeos Next Generation para poner en marcha media docena de proyectos de mejora de la movilidad, que tienen un coste total de 19,77 millones, por lo que el Consistorio solo deberá aportar una cuarta parte del presupuesto (5 millones de euros) para ponerlos en marcha.

El alcalde, José Antonio Serrano, ha anunciado que el Ayuntamiento ha sido beneficiario de esos fondos durante el transcurso del pleno municipal celebrado este jueves, el último ordinario de la legislatura, y en el que el impulso de la movilidad ha tenido un lugar protagonista, con el debate de dos mociones sobre ese asunto.

Se trata, ha celebrado, de fondos procedentes de la segunda convocatoria del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

En concreto, se ha aprobado la financiación con cargo a esos fondos de un proyecto de calmado del tráfico rodado en los barrios del Infante Juan Manuel y Santa María de Gracia y otro en las pedanías de Cabezo de Torres y San Benito-Barrio del Progreso

También la construcción de una pasarela peatonal y ciclable sobre Río Segura para conectar el barrio de La Purísima/Barriomar y el Jardín de la Alameda del Malecón, y la de un carril bici que conecte con los campus de la Universidad de Murcia dotado de aparcabicis.

Se financiará asimismo la implantación de la segunda fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Además, el pleno ha aprobado una moción, planteada por el PP y que ha contado con el apoyo también de Vox y el voto en contra de PSOE y Ciudadanos (Podemos no ha participado en el pleno) para pedir la suspensión de las obras que se están llevando a cabo para construir carriles bus y bici segregados y la tala de árboles que conllevan para estudiar las propuestas de los vecinos en este sentido, pidiendo también una prórroga de los plazos para no perder los fondos europeos financian esos trabajos.

La portavoz municipal del PP, Rebeca Pérez, ha lamentado que las obras sigan su curso a pesar de las protestas vecinales y las anteriores mociones aprobadas en pleno en el mismo sentido que la actual y ha subrayado que estos trabajos están haciendo avanzar “el caos” por el municipio.

Por su parte, la concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso (PSOE), le ha afeado que el PP esté “en contra de la movilidad sostenible” sin tener en cuenta que “la contaminación mata y genera multitud de enfermedades respiratorias”, por lo que la transformación del municipio “no se puede retrasar” porque “se trata de una cuestión de salud.

El concejal de Programas Europeos, Juan Fernando Hernández (Cs) le ha recordado a Pérez que el proyecto que ahora critica fue redactado por el PP y ha destacado que aquello que se presentó “era bueno”, como también lo es lo que se está ejecutando.

Por último, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha lamentado que el plan, cuya autoría también atribuye al PP, se haya trazado sin tener en cuenta a los vecinos, y ha agregado un punto adicional a la moción para pedir que las obras que se están ejecutando se reviertan en la próxima legislatura.

Se ha debatido también sobre la futura ampliación del tranvía para llevarlo hasta el barrio del Carmen a través de una moción planteada por Fructuoso, que reclamaba al Ayuntamiento exigir a la comunidad autónoma que se sume a la financiación de ese proyecto, como ya ha hecho el Gobierno de España a través de la firma de un protocolo para sufragar un tercio del coste de las obras, unos 32 millones de euros.

El PP ha planteado una moción alternativa, que es la que finalmente se ha aprobado con apoyo de Vox y la oposición de PSOE y Cs, que plantea acudir a las instituciones europeas para obtener financiación para el proyecto, además de pedir el compromiso del Ayuntamiento de sumarse al área metropolitana para obtener esa cofinanciación autonómica.

Asimismo, el texto exige la firma de un “verdadero convenio” con el estado, pues según Pérez, el protocolo que se ha suscrito no contempla ningún compromiso económico real, ni cuenta con un proyecto de ejecución, una evaluación de impacto ambiental o un trazado para poder poner en marcha la iniciativa.