Los trabajadores de la Administración de Justicia irán a la huelga indefinida a partir del 22 de mayo si el Ministerio no se sienta a negociar

Murcia

Los trabajadores de la administración de Justicia afrontan su tercera jornada de huelga en la Región de Murcia. Los sindicatos plantean una huelga indefinida en los próximos días, a partir del lunes de la próxima semana, si el ministerio no se sienta a negociar "con los representantes del 93% de los trabajadores", según indicaba Flora Martínez, de CCOO.

La tercera jornada de huelga se prolongará hasta el jueves y ha tenido su punto álgido este miércoles con la concentración frente a la gerencia del Ministerio de Justicia en Murcia. Los manifestantes han cortado además la Gran Vía. Los sindicatos piden al ministerio que se siente a negociar mejoras salariales para los funcionarios, de lo contrario amenazan con convocar una huelga de carácter indefinido a partir del 22 de mayo.

Los sindicatos piden un aumento salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales para los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.

Federico Morell, de UGT, asegura que este miércoles han trasladado al juez decano y a la Administración que deben avisar al ciudadano con antelación de que los trabajadores se encuentran en servicios mínimos y, por tanto, todos aquellos juicios que no son esenciales, no se pueden celebrar.

Mientras los convocantes cifran el seguimiento diario de los paros puntuales de 24 horas en torno al 90 %, el Ministerio ha situado los últimos alrededor del 23 % en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

Los sindicatos estiman el impacto de su huelga en "más de 15 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios" paralizados en toda España.

El personal laboral de Justicia también anuncia una huelga a partir del próximo 24 de mayo

Un colectivo de unos 500 trabajadores de diferentes categorías (unos 70 en la Región de Murcia) que prestan sus servicios en la Administración de Justicia no transferida ha decidido plantarse al "abandono que históricamente el Ministerio de Justicia primero y Función Pública después han sometido a este importante colectivo de trabajadores y trabajadoras cuyas tareas se desarrollan en las oficinas judiciales y en los Institutos de Medicina Legal del ámbito no transferido", según informa CCOO.

Psicólogos, trabajadores sociales, educadores, peritos judiciales, traductores, intérpretes, personal de mantenimiento y limpieza, ordenanzas, técnicos especialistas en anatomía patológica (antiguos oficiales de autopsia), archiveros.... son un colectivo variado, pero con una reivindicaciones comunes que se aglutinan en la necesidad de un reconocimiento profesional y retributivo a la labor que desempeñan y que se ve limitada por la incapacidad del Ministerio de Justicia a trasladar sus propuestas a Función Pública para ser aprobadas.

CCOO indica que se trata de un colectivo que "a diferencia de otro Personal Laboral de otros Ministerios, no tiene una asignación de retribuciones complementarias, siendo su salario exclusivamente formado por el sueldo base y trienios, sin más complementos de productividad ni complemento de carrera profesional" y añade que "lo verdaderamente lamentable es que el Ministerio de Justicia viene a gastar anualmente millones de euros en pagar por unos servicios externalizados en muchas oficinas judiciales (las Oficinas de Atención a la Víctima son un ejemplo, o el servicio de traducción e interpretación, o la emisión de informes psicosociales en el ámbito del IML) cuando se niega a cubrir vacantes de su propio personal en caso de jubilaciones, concurso de traslado o bajas laborales, o a incrementar la plantilla propia de personal laboral para cubrir estos servicios".

En este contexto, el personal laboral de la Administración de Justicia ha decidido ir a la huelga a partir del 24 de mayo para obligar al ministerio de Justicia a sentarse de una vez por todas y negociar con ellos y con Función Pública sus históricas reivindicaciones.