Familiares de las víctimas de Atalayas se oponen a la personación del Ayuntamiento de Murcia: "No puede ser, es responsable de los hechos"

Murcia

Familiares de la tragedia de Atalayas se oponen a que el Ayuntamiento de Murcia se persone en la causa judicial que investiga los 13 fallecimientos que causó este incendio. Consideran que el Ayuntamiento es responsable de los hechos y no puede ser ni acusación particular ni popular.

En el escrito remitido hoy al juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Murcia, que abrió un procedimiento penal para esclarecer la tragedia de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, el abogado que representa a cuatro de esas 13 víctimas ha mostrado "su total oposición a la personación del Ayuntamiento de Murcia en las diligencias en la condición de acusación particular o popular, puesto que no puede ser parte de la acusación quien es responsable de los hechos". Lo dice el escrito y lo ha explicado también a la Cadena SER este letrado, José Manuel Muñoz Ortín.

Apunta que "existen indicios claros y contundentes de la responsabilidad del Ayuntamiento en la comisión de los hechos". Esos indicios, dice el escrito "surgen desde el momento en que las autoridades municipales manifestaron que el local estaba funcionando sin licencia y que el Decreto de 10 de febrero de 2022 que ordenaba el cese de la actividad no se había ejecutado por el Servicio de Inspección de actividades, a pesar de existir una orden expresas de 11 de octubre".

Cree Muñoz Ortín que esto lleva no sólo a que se aclare lo ocurrido en Fonda Milagros y Teatre, sino también a que se abra "una investigación judicial e la corporación municipal al completo con la finalidad de determinar la causa por la que no se ejecutó la orden de cierre y precinto del local".

Dice la representación legal de las familias que "la participación del Ayuntamiento como acusación particular no sería una acusación más, sino que tendría graves perjuicios procesales".

La Junta de Gobierno da luz verde a esa personación en el juzgado

El Ayuntamiento de Murcia ha acordado, tal y como anunció en días pasados el alcalde José Ballesta, personarse como acusación en el proceso judicial abierto en relación con el incendio de Atalayas siguiendo las instancias de los servicios jurídicos municipales con el objetivo de poder acceder a toda la información relacionada con el proceso y depurar responsabilidades.

Así se ha aprobado en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, según ha explicado en la rueda de prensa posterior la vicealcaldesa y portavoz, Rebeca Pérez, que ha defendido la “contundencia” con la que ha actuado el Consistorio “desde el primer momento”, colaborando con la justicia e informando a la sociedad de manera transparente sobre la situación administrativa de los locales siniestrados en los que perdieron la vida 13 personas el pasado 1 de octubre.

Pérez ha manifestado “respeto” hacia la opinión manifestada por el abogado de varias de las víctimas, que considera que el Consistorio no debería personarse en el proceso, pero ha insistido en que la decisión se ha tomado “a instancias de los servicios jurídicos”, y será la jueza instructora del caso la que determine los “perfiles procesales” cuando llegue el momento.

La Fiscalía anuncia una investigación al Ayuntamiento de Murcia

El Fiscal Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación para conocer el alcance de la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en el incendio en el que el pasado 1 de octubre. Para ello, fuentes de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia han confirmado a Radio Murcia que se han solicitado todos los expedientes relacionados con la situación administrativa de Teatre, en cuanto a permisos, licencias o sanciones.

La Fiscalía comenzará ahora a recabar toda la documentación con la cual tendrá que determinar si arma una causa independiente o si la incorpora a la investigación por 13 homicidios. Ya el pasado 4 de octubre, en la antena de 'Hoy por Hoy Murcia', el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luís Díaz Manzanera, adelantó que se analizaría el papel de los funcionarios o cargos públicos del consistorio "por si ha habido algún tipo de conducta que haya incumplido con la ley "de forma activa u omisiva".