Familiares de las víctimas de Atalayas denuncian "maltrato judicial" y "dilaciones indebidas" por el juzgado que investiga los incendios

Murcia

"Sorpresa e indignación" entre familiares de las víctimas del incendio Atalayas por lo que consideran "maltrato judicial" en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia. En él denuncian "dilaciones indebidas" por parte del Juzgado que instruye la investigación de las muertes de las 13 víctimas de la tragedia

En un escrito remitido al TSJ solicitando amparo del máximo órgano judicial de la Región, el letrado que representa a varias de estas familias, Pedro López Graña, expone una queja por las "dilaciones indebidas" que asegura que se están produciendo en cuanto a la resolución sobre su acusación particular y al acceso al contenido del sumario, cuyo secreto se levantó el pasado 3 de octubre. No han recibido aún esa documentación que, sin embargo, lamenta que se esté conociendo "por capítulos" en la prensa.

Es esto lo que en su escrito le lleva a hablar de la "sorpresa e indignación" que le han trasladado algunos familiares por lo que consideran "maltrato judicial" por parte del Juzgado nº3 de Murcia, que es el instruye la investigación de la tragedia de los incendios de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, que el 1 de octubre causaron 13 víctimas mortales. Esto, escribe en su petición al TSJ, "aumenta el dolor y malestar por la pérdida de sus seres queridos".

"Dilaciones indebidas"

En cuanto a esas "dilaciones indebidas" que en este escrito apunta el abogado López Graña, menciona dos aspectos concretos. El primero, en cuanto a la provisión de su personación en calidad de acusación particular, y el segundo referido a la negativa del Juzgado instructor de dar traslado e información de las actuaciones procesales, a lo que suman que aún no ha tenido acceso a la información contenida en el sumario, a pesar de que se levantó el secreto el pasado viernes 3 de octubre, mientras que parte del mismo ha ido apareciendo en prensa "por capítulos", dice el letrado.

En ese escrito dice que la información conocida recoge indicios de "infracción penal" y que esa parte de la instrucción a los que no tiene acceso ni conocimiento "habida cuenta del injustificado traslado de actuaciones para instrucción a la defensa de mis representados", sostiene López Graña. Entiende el representante legal de las familias de las víctimas que, ante unos hechos de semejante naturaleza, tienen "un enorme interés en conocer las causas de los mismos y los posibles responsables, a fin de iniciar las acciones legales que procedan".

Al TSJ le recuerda que hasta la fecha ha presentado cinco escritos en nombre de distintos perjudicados o familiares de víctimas y además se han realizado varias visitas al juzgado para que esas personaciones se resolvieran lo antes posible. Sin embargo, dice que hasta ahora la única respuesta que han recibido es que "la próxima semana se resolverá sobre las personaciones".

Por todo esto, considera que la situación es "absolutamente paradójica e injustificada" tanto desde el punto de vista profesional como para los familiares de las víctimas.

Quejas por parte de otras acusaciones

Este escrito no es el primero en el que se traslada por parte de letrados que representan a las familias de las víctimas su inquietud o su petición de explicaciones por parte de la instrucción que se está siguiendo por parte del juzgado. Ya el pasado 26 de octubre, en otro escrito remitido a ese juzgado por parte del letrado representante de otros familiares, José Manuel Muñoz Ortín, indicaba su temor por "múltiples pruebas sobre las que existe un alto riesgo de desaparición, por un inadecuado inicio de la instrucción judicial”.

Tras el levantamiento del sumario, esta misma representación también pidió la apertura de una pieza separada de la investigación que abordara las posibles responsabilidades del Ayuntamiento de Murcia en la tragedia del 1 de octubre, ya que el local incendiado no sólo carecía de licencia para su apertura, sino que además pesaba sobre el mismo una orden de cierre desde 2022.

Por su parte, la Fiscalía también inició diligencias de investigación para esclarecer las irregularidades que podrían haberse cometido en la tramitación administrativa de ambas discotecas, sobre las que pesaba una orden de cierre por parte del Ayuntamiento de Murcia desde febrero de 2022 que no había llegado a ejecutarse.