Los economistas de la Región de Murcia muestran su preocupación por los acuerdos del PSOE con los independentistas
En una declaración institucional se muestran preocupados por "el menoscabo de los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución Española en sus artículos 14 y 138"
Murcia
El Colegio de Economistas de la Región de Murcia ha expresado este domingo su preocupación por las consecuencias que la aplicación de los acuerdos suscritos por el PSOE con los partidos nacionalistas e independentistas puedan tener en la convivencia del país y en el menoscabo de los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución Española (CE) en sus artículos 14 y 138.
"Esta preocupación, compartida por otros colectivos y colegios profesionales, no pretende valorar el proceso de negociación política en sí mismo, ni discute las potestades de los partidos políticos y grupos parlamentarios para llegar a los acuerdos que estimen oportunos, solo evidencia inquietud que despierta en el colectivo de economistas la eventual aplicación de determinadas medidas previstas en los mencionados acuerdos, que inciden en ámbitos económicos, financieros y tributarios esenciales", añade.
En concreto, la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Catalunya "sin justificación alguna, y la singularidad del planteamiento rompe los principios de igualdad y solidaridad", mientras que el Estado asuma los 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, "además de ser desigual, carece de justificación dado que esta región ha recibido en promedio del periodo 2002-2021 una financiación por habitante ajustado prácticamente idéntica a la media, entendiendo, por tanto, que Cataluña recibiría un trato claramente privilegiado".
El traspaso de la Seguridad Social al País Vasco "rompe el concepto de caja única y, con ello, la solidaridad entre territorios que sustenta nuestro sistema de Seguridad Social".
Por todo ello, el colegio de economistas murcianos muestra su oposición a cualquier medida adoptada de manera bilateral sin participación de todas las autonomías que desvirtúe o ponga en riesgo los principios de solidaridad e igualdad consagrados en la Constitución Española, así como las que generen tratos discriminatorios injustificados y quebranten la unidad de mercado.