Tribunales

La acusación particular de víctimas del incendio de Atalayas pide al juzgado que investigue al Ayuntamiento de Murcia en una pieza separada

El abogado, José Manuel Muñoz Ortín, ha presentado en el juzgado número 3 de Murcia el informe realizado por el consistorio, sobre la legalización de Teatre, donde se ponen de manifiesto "graves irregularidades pendientes de realización"

Hoy por Hoy Matinal Región de Murcia 8:20 (01/12/2023)

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Murcia

La acusación particular de algunas familias de víctimas del incendio de las discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas de la ciudad de Murcia, el pasado 1 de octubre, pide al juzgado que investiga el suceso, el número 3 de Murcia, que investigue al Ayuntamiento de Murcia en una pieza separada.

El letrado que representa a estas familias ha presentado en el juzgado el informe realizado por los técnicos del consistorio, dentro del proceso de legalización de la sala Teatre, en el que se ponen de manifiesto "graves irregularidades pendientes de realización" que afectan a la seguridad en caso de incendio.

El informe está fechado a 11 de mayo de 2023 y el letrado José Manuel Muñoz Ortín considera que estaba perfectamente justificada la ejecución de la orden de precinto y cierre por parte del Ayuntamiento de Murcia.

En este documento se constata la necesidad de realizar una serie de obras y medidas que afectaban a la seguridad como el panel de cerramiento que crea dos espacios independientes, puertas de emergencia, cambio de ubicación del grupo electrógeno o el bombeo contra incendios y el letrado, en su escrito, insiste en que son cuestiones "sustanciales en materia de incendios que están íntimamente relacionadas con la seguridad del local".

En este sentido resalta que cualquier cuestión relacionada con las puertas de emergencia constituye una causa suficiente para decretar el cierre hasta que no se solventen las incidencias detectadas. En el escrito remitido al juzgado Muñoz Ortín asegura que "en nuestro caso han quedado acreditadas las deficiencias e irregularidades de las salidas de emergencia, que eran estrechas, estaban llenas de trastos y enseres, incluso no se sabe si estaban cerradas con candado y conducían a corredor exterior en pésimo estado", una situación que, añade, "era conocida y consentida por el Ayuntamiento y no se ordenó su subsanación".

En referencia a las deficiencias de la bomba de bombeo contra incendios se indica que "no solo no había detector anti-humo sino que tampoco había bomba de bombeo contra incendios" y añade que "habrá que investigar las circunstancias de esta carencia, pero su ausencia en sí misma considerada y la relación con los hechos acontecidos, es evidente".

El abogado insiste en este escrito en que queda acreditado que el local funcionaba sin suministro de electricidad porque se alimentaba de un generador de gasoil que aportaba energía a Teatre y Fonda Milagros y critica que el consistorio de Murcia lo permitiese. Muñoz Ortín indica que "si falla tal elemento, como así ocurrió, la sala se queda a oscuras, como así ocurrió, sin que las personas que estaban en el interior pudieran orientarse para buscar la salida.

En referencia a la creación de dos espacios independentes en la misma nave indica que "tiene relación directa con los hechos acontecidos puesto que al no estar correctamente separados e independientes, el fuego iniciándose en Teatre se propagó rápidamente a la discoteca Fonda Milagros" y añade que "debe tenerse en cuenta que las discotecas estaban separadas por un tabique de Pladur, unidos con una puerta, compartiendo los conductos de aire acondicionado", un detalle que resalta el escrito es relevante ya que "el humo llegó a Fonda Milagros por la parte superior antes que las llamas, según parece por el conducto del aire acondicionado".

Muñoz Ortín concluye diciendo que el consistorio murciano "tenía pleno conocimiento" unos meses antes del siniestro de la existencia de deficiencias e irregularidades sustanciales que justificaban la ejecución de la orden de precinto y cierre del local y añade que, al no haberse ejecutado, se generó un grave riesgo para la seguridad de las personas que se vio materializado en el incendio del 1 de octubre.

Por estos motivos considera que el Ayuntamiento debe ser investigado por si tuviese alguna responsabilidad en el incendio que se cobró 13 vidas.

 
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