El Miteco se marca como objetivo reducir el precio del agua desalada dentro de cinco años

Murcia

Acuamed y 63 comunidades de regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería han firmado el convenio por el que se establecen los precios fijos que pagarán los regantes por el agua desalada para los próximos años. El Ministerio para la Transición Ecológica, además, pondrá a disposición de los entes comuneros otros 70 hectómetros cúbicos de agua con las inversiones para ampliar la capacidad de desalación.

La orden ministerial pretende aportar un precio estable a los regantes del Levante que se abastecen de las plantas de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco. Han sido las comunidades que se abastecen de las dos primeras plantas las que han firmado esos convenios y en breve se hará con la de Valdelentisco. Los precios oscilarán entre 33 y 35 céntimos el metro cúbico, un precio más asequible que se había planteado inicialmente, pero que los regantes esperan que aún se pueda mejorar.

"Esta orden ministerial fija un precio que habrá que seguir trabajando porque está lejos de ser lo idóneo", según el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dice que la estabilidad de precios queda garantizada por una década y con las inversiones en autoconsumo energético para las plantas desaladoras en la mitad de ese plazo el coste se podría abaratar. "Confiamos que en el horizonte de cinco años -cuando pretendemos concluir todas las inversiones que incluyen las de autogeneración de energía en plantas desaladoras- no renunciamos a que los precios puedan ser más baratos", según Morán.

Morán ha recordado que el Ministerio está destinando 600 millones de euros al incremento de la capacidad de producción de las plantas desaladoras ya existentes y que, como anunció el martes, se estudia la creación de otra desalinizadora en la Región. A eso ha añadido otros 200 millones de euros para reaprovechamiento y reutilización de agua. Dice Morán que la intención del Miteco es que "en ningún momento, más allá de las situaciones coyunturales que puedan devenir de las condiciones climáticas, esto suponga un impacto negativo para el conjunto de las actividades que se desarrollan en estos territorios".

El gobierno regional destaca que esto aporta garantías jurídicas a las comunidades de regantes, pero insiste en que el agua desalada tiene que ser una alternativa, no una imposición. Sara Rubira es la consejera de Agua y Agricultura.