"Es desolador": la desactualización de los planes urbanísticos de los 45 ayuntamientos frena la construcción de nueva vivienda y encarece los precios, según el CES
Los autores de un libro publicado por el CES aseguran que la planificación urbanística a nivel municipal está "obsoleta", no se adapta a la legislación regional de 2015 y tampoco cumple con las exigencias de la Agenda Urbana de la UE
Hora 14 Región de Murcia (22/02/2024)
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Murcia
Al calor de la 'burbuja inmobiliaria' de la primera década del siglo XXI, muchos ayuntamientos se lanzaron a aprobar, renovar o actualizar su planificación urbanística y, ahora, cuando va a cumplirse un cuarto de siglo tras ese momento, esos documentos se encuentran obsoletos, desactualizados y son poco ágiles para cumplir con las nuevas exigencias tanto en materia de vivienda, como de ordenación territorial y de criterios de sostenibilidad como marcan las directrices de la UE.
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Así lo refleja el libro editado por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES), que han realizado Herminio Picazo y Rafael Pardo, especialistas en ordenación del territorio desde el ámbito de la biología y la arquitectura respectivamente. "Es desolador", ha dicho Rafael Pardo sobre la situación en la que en 2024 se encuentra la normativa urbanística de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia: ningún plan de ordenación se adapta a la Ley Orgánica de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM, 2015) y sólo dos de esos municipios cuentan con planes aprobados hace menos de 10 años. Son Águilas (2022) y Cehegín (2022).
El trabajo refleja que el periodo medio de vigencia en estos planes generales es de 23 años pero que en el caso de siete municipios se encuentra por encima de los 40 años (Alcantarilla, Los Alcázares, San pedro, Torre Pacheco, Totana, La Unión y Yecla). Otro 37% de ayuntamientos, 17 en total, tiene planes vigentes desde hace 25 años y un 26%, 12 ayuntamientos, con 30 años. "No tenemos un sólo plan adaptado a la LOTURM, y prácticamente la mitad de nuestros municipios su plan general es anterior a la Ley del Suelo, de 2001", ha dicho Pardo.
Consecuencias
Los autores del trabajo señalan que la consecuencia directa es un encarecimiento del precio de la vivienda (ya se para su compraventa o par alquiler) y la falta de adaptación a las nuevas exigencias para infraestructuras. "Falta suelo disponible para la construcción de viviendas, para actividades económicas y para dotaciones, y, junto a eso, aumento del precio final de la vivienda", ha dicho Pardo. Añade que cuando esos documentos se elaboraron "no se hablaba en esta Región del Corredor Mediterráneo, ni del AVE, ni de las infraestructuras energéticas, que eran absolutamente distintas".
"No se puede pretender que planes de hace 25 años atiendan a problemáticas relativamente novedosas como las asociadas a las políticas de sostenibilidad y agenda urbana", ha apuntado por su parte también Herminio Picazo. Dentro de esos criterios urbanos, señala que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible que están aplicando muchos ayuntamientos, más allá de las cuestiones ambientales, también deben tener en cuenta los criterios propiamente urbanísticos.
También creen que se deberían desarrollar desde el punto de vista legislativo iniciativas para fomentar el 'cohousing', los paisajes culturales y mejorar el acceso a infraestructuras como los colegios.
Dificultades técnicas para poco rédito político
El trabajo también ahonda en las causas por la que estos planes no han sido actualizados en este tiempo. El principal sería la conjunción de una gran complejidad técnica para un escaso rédito político. Pardo explica que esta actualización o revisión es un trabajo que excede incluso el mandato habitual de una legislatura, por lo que se tiene que abordar a un plazo muy largo para los tiempos políticos. A eso añade el escaso alcance político que puede tener: "En la mayoría de los casos entienden que sería necesario abordar la revisión de esos planes, pero lo ven como una tarea de la que no van a obtener un rédito político claro. Se van a meter en muchos líos y es algo que posiblemente vaya abocado al fracaso", sostiene Pardo.
A eso ha añadido un tercer factor: la judicialización de estas planificaciones urbanas, que en muchos casos acaba en los tribunales y son tumbados, por lo que tienen que reelaborarse desde el principio. Ha recordado que eso es lo que ha ocurrido en el caso de la planificación municipal en Cartagena, Puerto Lumbreras o Aledo.
Lázaro Giménez
Periodista de la Cadena SER en la Región de Murcia