Consigue robar los datos de 40 millones de vehículos por una vulnerabilidad de los sistemas de la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas

Murcia

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 19 de febrero a una persona en la ciudad de Murcia por su presunta participación en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (acceso ilegítimo a bases de datos). El arrestado, a través de una vulnerabilidad informática existente en los formularios de las páginas web de varias comunidades autónomas para el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, consiguió hacerse con más de 40 millones de datos de vehículos y sus propietarios.

La investigación comenzó el pasado mes de enero cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la exfiltración de aproximadamente 80.000 registros de información de la Dirección General de Tráfico obtenidos a través de la página web de la comunidad autónoma de la Región de Murcia.

Los agentes comprobaron que, además, el arrestado había estado realizando otras intrusiones en los servicios informáticos de la Dirección General de Tráfico aprovechando la misma vulnerabilidad informática, a través de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la comunidad autónoma de la Región de Murcia.

El detenido había venido realizando desde el año 2020 extracciones de baja intensidad no detectables, consiguiendo un total aproximado de 40 millones de datos de vehículos y sus propietarios, los cuales almacenaba en una base de datos que había creado al efecto con la intención de obtener un sistema de consulta rápido y comercializable.

Los agentes han recuperado dicha ingente cantidad de datos, neutralizando además otras dos copias de seguridad que el detenido mantenía ocultas en diferentes ubicaciones, evitando así que pudieran ser utilizadas por organizaciones criminales para cometer estafas u otros delitos.

Además, utilizando el mismo procedimiento y con el mismo fin, había realizado intrusiones de forma ilícita en la red de servicios informáticos de otras instituciones públicas como las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares y Canarias.

La investigación policial se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información, coordinada por la Fiscalía de Criminalidad Informática y la Fiscalía de Murcia, siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número Siete de Murcia, en funciones de guardia. Para ello, se ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Murcia y del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La Policía Nacional ha destacado que esta operación "muestra el compromiso de la Comisaría General de Información para la detección y neutralización de todas las ciberamenazas que afecten a la Seguridad Nacional, priorizando la concienciación sobre su grave impacto para los ciudadanos y las administraciones públicas en el marco de la colaboración público/ privada y la cooperación internacional".