Familiares de dos fallecidos en el incendio de Atalayas aseguran que hay una "trama" en el Ayuntamiento de Murcia que impidió el cierre de Teatre

Murcia

El abogado José Manuel Muñoz Ortín ha presentado esta mañana dicha querella contra el exconcejal de Urbanismo Andrés Guerrero, el actual edil, Antonio Navarro Corchón, el jefe del servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios, el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades y el jefe del servicio de Intervención y Disciplina de Actividades del Ayuntamiento de Murcia. Se les acusa de prevaricación por omisión y por dictar resoluciones en contra de la normativa.

En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, "desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento”, avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los tres funcionarios incluidos en la querella.

Por su parte, el concejal Andrés Guerrero (PSOE), que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado “prevaricadora” puerto que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.

La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.

Esos expedientes de legalización se utilizaron de forma sistemática y prolongada en el tiempo, según ha explicado el abogado, para paralizar y dejar sin aplicación las órdenes de cierre, de una manera en su opinión “fraudulenta” que permitía mantener en el tiempo diversas irregularidades.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El Ayuntamiento, según se deriva del amplio expediente administrativo relacionado con la sala, de unos 1.800 folios, “permitía que haya multitud de expedientes, ninguno acabado”, ha indicado el letrado, así como que se mantuviera abierta la sala a pesar de contar con “múltiples informes desfavorables” en distintos ámbitos.

Considera que hubo una trama que es responsable de la tragedia que evitó durante años el cierre de Teatre a pesar de los numerosos informes desfavorables en materia de seguridad. Muñoz Ortín insiste en que son necesarias sanciones ejemplarizantes para evitar que esto vuelva a suceder.

Para el letrado, “estamos hablando de una forma de funcionar que permite que determinados funcionarios actúen de determinada manera”, y ha insistido en que “había cerebros que pensaban qué hacer para que la discoteca siguiera funcionando”, por lo que no se trata de una “actuación la de mala suerte ni de la fuerza mayor”.

Ortín ha indicado que Teatre ha estado abierta, sin licencia, desde 2010 y ha criticado que se permitiera tener una primera planta, ya que va contra el planeamiento permitido. Ha insistido en que las irregularidades más graves se encontraban en el bloqueo de las salidas de emergencia, en la división de la nave en dos locales distintos o contar con un generador eléctrico para suministrar luz a ambos locales desde 2016.

Además, ha puesto de relieve que cuando se detectaba alguna situación irregular en la discoteca, por ejemplo, por incumplimientos en medidas de seguridad o aforos, en lugar de cerrar el local, se instaba a abrir un procedimiento de legalización que paralizaba el resto de procedimientos.

Así, ante una denuncia de la Policía Local, o un aviso de incidencias de la inspección, o un procedimiento sancionador, se abrían esos procedimientos de legalización, que luego se quedaban sin resolver: “Hablamos de una eterna regularización”, ha señalado el abogado.

Aunque la ley reconoce la posibilidad de abrir esos procedimientos de legalización, Muñoz Ortín ha señalado que llegaron a un punto “fraudulento”, puesto que los diferentes expedientes eran idénticos entre sí e incluían la misma documentación, repitiendo así alegaciones que ya habían sido desestimadas previamente, motivo por el que debían haber sido inadmitidos.

Asimismo, se permitió que continuamente la discoteca tuviera actividad a pesar de la caducidad de expedientes, cuando la ley establece que, en ese caso, la actividad debe cesar.

Además, en 2012 se dictó una resolución para dejar sin efecto el artículo del plan de ordenación urbana que establecía que el índice de edificabilidad que se había aplicado a la discoteca no cumplía la ley.

Según Ortín, desde su apertura en 2005 la sala “iba contra planeamiento” pero, lejos de sancionar esa situación, se legalizó a través de un decreto del concejal Navarro.

A lo largo de los años, son múltiples los expedientes abiertos incluidos en la documentación a instancias de la Policía Local por no contar con licencia o no cumplir los aforos, pero solo se llegó a cursar una sanción, de poco más de 250 euros, por no haber comunicado un cambio de titularidad.

No se actuó en cambio por otras irregularidades más graves para la seguridad, como por ejemplo, el hecho de que la sala desde 2016 se suministraba la electricidad con un generador o el bloqueo de las puertas de emergencia, que constaban ya en 2005 y fue señalado de nuevo en 2017.

Con la discoteca ya dividida en dos, ha dicho Ortin, los incumplimientos en seguridad anti incendios fueron flagrantes ya que las salidas de emergencia de Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, daban a Teatre en lugar de a la calle, y sus recorridos de evacuación tenían distancias que llegaban a superar los 36 metros, cuando el máximo permitido por ley es de 25 metros.

Jairo Correa, padre de Leidy Paola, una de las víctimas mortales, ha dicho que la muerte de su hija fue fruto de la prevaricación, la corrupción, la negligencia y la omisión de las normas de seguridad.

Kely Gómez, hermana de Kevin Alejandro, novio de Leidy Paola y otra de las víctimas mortales, lamenta que no se quieran asumir responsabilidades y se pregunta si ello se debe a que las víctimas mortales eran de origen latino.

Exigen responsabilidades a los encargados de velar por el cumplimiento de las normas.

El Ayuntamiento recuerda que la jueza ya descartó su responsabilidad en el incendio

El Ayuntamiento de Murcia ha señalado este martes que el juzgado que instruye el caso en relación con el incendio de dos discotecas en las que fallecieron 13 personas el pasado 1 de octubre ya descartó investigar a concejales o funcionarios en el marco de sus actuaciones.

Lo ha recordado en un comunicado tras anunciar este martes familiares de dos de las personas fallecidas en el incendio que han presentado una querella contra el actual responsable de Urbanismo, Antonio Navarro, del PP, y su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero, del PSOE, además del inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención.

El abogado que representa a estos familiares de las víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, señala el Consistorio, “ya ha intentado anteriormente sin éxito que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, donde se instruyen las diligencias por el incendio de la discoteca Teatre, abriera una pieza separada contra el Ayuntamiento de Murcia por un supuesto delito de prevaricación administrativa por omisión”.

El propio letrado se ha referido a esa petición, que se hizo, ha explicado, antes de que las partes tuvieran acceso al expediente administrativo relacionado con las dos discotecas siniestradas, de unos 1.800 folios.

La querella, según ha apuntado en su rueda de prensa, se presenta ahora con conocimiento de ese expediente que, para el abogado, evidencia que se actuó de manera “fraudulenta” por parte del Consistorio, donde considera incluso que se mantuvo una “trama organizada” para facilitar la apertura de la discoteca a pesar de las irregularidades que constaban sobre ella.

La primera petición de imputación llevada a cabo por este abogado fue rechazada por la titular del Juzgado de Instrucción en un auto dictado el pasado 17 de noviembre de 2023, en el que señaló que “no existen las mínimas sospechas que justifiquen la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa” contra representantes públicos o funcionarios del Ayuntamiento.

Para la jueza, hasta ese momento solo había “conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese de actividad contra la discoteca Teatre contribuyó al resultado mortal” del incendio, y abundaba en que “de los datos aportados hasta la fecha, no se atisban las mínimas sospechas razonables de que las acciones de los responsables del Ayuntamiento de Murcia entren indiciariamente en el ámbito penal”.

En el mismo auto, la jueza descartaba también que el Ayuntamiento no hubiera colaborado con la justicia, y señalaba que la administración facilitó "desde el primer momento todos los expedientes administrativos habidos para con la discoteca Teatre y demás, aportando a policía documentos físicos y digitales”.

Los familiares de estos dos fallecidos, por el contrario, consideran que concejales y funcionarios tienen responsabilidad en las muertes de las 13 víctimas, por lo que han decidido abrir este nuevo procedimiento.