Lorca lleva al Tribunal Supremo el decreto de actualización de los mapas de flujo preferente de la CHS

Lorca

El ayuntamiento de Lorca ha interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el decreto de revisión y actualización de los planes de riesgo por inundación de la cuenca elaborados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que amplía la superficie de las denominadas zonas de flujo preferente en caso de escorrentías o riadas.

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, María Hernández, ha dicho que la demanda ha sido elaborada por los servicios jurídicos del ayuntamiento con el objetivo de “defender a los ciudadanos lorquinos” afectados por la revisión del mapa de zonas de flujo preferente, que amplía hasta las 3.000 hectáreas la superficie de suelo afectado en la que no se puede construir por riesgo de riada.

Las pedanías más afectadas son Río, Campillo, La Torrecilla, Purias, Cazalla, Ramonete, Aguaderas y La Hoya, que se ven perjudicadas por las delimitaciones asociadas a diversos tramos de las áreas de riesgo potencial significativo de inundaciones marcadas por el Gobierno central a través de la CHS.

El concejal de Agricultura y Agua, Ángel Meca, ha dicho que el consistorio considera que esos mapas están “plagados de errores y de inconsistencias”.

Ha explicado que no es posible fijar correctamente las zonas de flujo preferente en el municipio sin antes delimitar el dominio público hidráulico en los cauces que transcurren por el término municipal de Lorca, que son los de las ramblas de Torrecilla, Alta, Barranco Burruezo, Béjar, Biznaga y Nogalte, que desembocan en el río Guadalentín.

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Para el consistorio “es una incongruencia aprobar los planes de gestión de inundaciones en la cuenca del Segura sin haber delimitado éstos cauces”, ha dicho Meca, que ha advertido de que los mapas de flujo preferente afectan a miles de hectáreas, lo que en el caso de Lorca puede suponer pérdidas superiores a los cien millones de euros y que miles de vecinos del municipio no puedan utilizar para nada sus propiedades.

La parte demandada, el Ministerio de Transición Ecológica, tiene un plazo ahora de 20 días, para dar respuesta a esta demanda, a través de la Abogacía General del Estado, ha recordado el edil, que explica que el procedimiento judicial puede prolongarse durante un año.

Ha recordado también que desde 2019 la CHS ha practicado varias revisiones de la cartografía, eliminando en unos casos más de 700 hectáreas de zonas de flujo preferente, 1.601 hectáreas en la última, y dando de alta nuevas zonas.

Esto, ha añadido, pone de manifiesto la imprecisión y falta de rigor en la delimitación de las zonas de flujo preferente y por eso el consistorio reclama contar con una cartografía ‘ad hoc’ de riesgo en la cuenca del Segura como “paso previo inexcusable y esencial para poder llevar a cabo una gestión eficaz de las zonas inundables” de Lorca.