Clamor social contra la suave condena a los integrantes de una red de prostitución de menores en Murcia: "La justicia en esta Comunidad no los castiga, los premia"

Murcia

Buscaban chicas "jóvenes y nuevas" y los proxenetas captaban a adolescentes de entre 14 y 17 años en las puertas de colegios, institutos y locales de ocio. Las buscaban pobres y de familias desestructuradas para que fuera más fácil, pero con una pincharon en hueso. Sus padres sospecharon al ver que su hija de 15 años se compraba cosas que no le podían pagar y denunciaron. Fue el primer paso para destapar una red de prostitución de menores en la ciudad de Murcia en 2014 que tenía a siete reputados empresarios como clientes y que estaba formada por otros seis proxenetas.

Ninguno va a pisar la cárcel. El acuerdo de conformidad al que sus defensas han llegado con la fiscalía para el reconocimiento de los hechos y las dilaciones indebidas de un proceso que ha tardado una década en llegar a juicio ha propiciado que las victimas y sus familias no obtengan la reparación que merecen.

Así lo ve la sociedad murciana que, en cascada, ha ido manifestando su indignación por diversos cauces, desde las redes sociales a comunicados, declaraciones y acciones como las pancartas que Fuste Colectivo colocó frente al Palacio de Justicia en las que se podía leer "Eran menores. No es justicia, sentencias machistas".

La Coordinadora Feminista de Cartagena ha enviado una carta al Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, en la que manifiesta su "repulsa y oposición" al acuerdo y rebaja de condena que evita a estos delincuentes las consecuencias de sus actos y en la que le solicita "rectificar y sentar un precedente"

María Rendo, portavoz de esta coordinadora, advierte de que el mensaje que se manda a las mujeres con esta sentencia es muy pernicioso: "aunque denuncies, aunque tengas pruebas, incluso aunque confiesen, la justicia en esta Comunidad no los castiga, los premia".

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Rendo añade que "hay que poner el foco en el acto, que ha sido usar y abusar del cuerpo y de niñas adolescentes a la puerta de un colegio. El mensaje no puede ser más desolador. Este sentimiento de que son impunes".

Desde la Coordinadora Feminista de Cartagena afirman que la justicia en la Región de Murcia "es desigual para las mujeres" y pone como ejemplo el reciente caso de un profesor de Murcia que reconoció haber abusado de cinco niñas y que tampoco pisará la cárcel. "Hay una desproporción en la interpretación de las leyes y en este caso las perjudicadas somos las mujeres", ha concluido Rendo.

Desde el ámbito político, todos los partidos con representación en la Asamblea Regional de Murcia han valorado esta sentencia

Para el PP estas dilaciones están provocadas por la falta de medios humanos y materiales. "Es otro tipo de injusticia. En la Región de Murcia hacen falta más jueces, más fiscales. Son necesario más recursos humanos y materiales en la administración de justicia porque al final, quien sufre esos retrasos, esas dilaciones indebidas es el ciudadano, es el justiciable y no hay derecho" ha declarado Miriam Guardiola, diputada del PP en el Congreso.

En los micrófonos de la Cadena SER en la Región de Murcia, el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, calificaba de "repugnante" este caso en el que "líderes empresariales abusaban de menores en situación de vulnerabilidad". Unos hechos que tildaba de "graves" y cuya sentencia le causa "indignación y dolor" porque "les ha salido barato". Desde el PSOE se han puesto a disposición de los menores y de sus familias y aunque Vélez ha asegurado creer en la Justicia de este país, reconoce que "a veces es difícil entenderla".

Para Podemos este caso es otro ejemplo de que "la justicia de la Región de Murcia es patriarcal y machista". Su portavoz autonómica, María Marín, ha anunciado este domingo que elevará una declaración institucional de apoyo a las víctimas al pleno de la Asamblea Regional y una petición "para que nuestro sistema de justicia corrija todo lo que ha pasado en este caso".

Las críticas a la sentencia no llegan sólo desde la izquierda feminista, también desde su extremo opuesto. Desde Vox ha remitido un escueto comunicado en el que recuerdan que su posicionamiento en este caso es "cadena perpetua y hay que modificar las leyes para que estos violadores no vean la luz del día".

"Pedimos cárcel, prisión permanente revisable para los violadores, pederastas y asesinos", añade el comunicado, que concluye aseverando que "VOX es el único partido que defiende penas más duras para violadores, pederastas y asesinos".

Concentración este domingo "contra la justicia machista y patriarcal que favorece a proxenetas y puteros"

Esta tarde, a las 20 horas, la Asamblea Feminista y el Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia han convocado una concentración frente al Palacio de Justicia de Murcia "contra la sentencia para los 7 empresarios murcianos acusados de pertenecer a una red de prostitución de menores de edad" y "contra la justicia machista y patriarcal que favorece a los proxenetas y puteros".

Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista e integrante de la Asamblea Feminista, pone el acento en la "alarma, consternación y preocupación" que ha suscitado "no sólo entre las feministas y en la ciudad de Murcia sino en España entera" el hecho de que "delincuentes confesos que abusaron de menores no vayan a pisar la cárcel".

Con la acción de esta tarde pretenden conseguir que "En la vistilla ,prevista para el día 7, la Fiscalía anule ese acuerdo de conformidad y quienes han cometido esos delitos tan atroces vayan a la cárcel".

"Que esos criminales comprueben qué supone no tener la libertad que esas niñas menores de edad no tuvieron cuando se prostituyeron", ha concluido Alarcón.

La Fiscalía de la Región, dispuesta a pedir el ingreso en prisión de los cabecillas de la red de explotación de menores

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia se muestra dispuesta a estudiar pedir la entrada en prisión para los cabecillas de la red de prostitución, para que no queden sin pena de cárcel.

Desde la propia Fiscalía General del Estado se está estudiando esta cuestión y prevé remitir una circular a las Fiscalías Superiores, que establezca unos criterios generales que limite la posibilidad de la rebaja de la pena y se pronuncie respecto a la posibilidad de que se pueda o no ingresar en prisión. La cuestión es frenar la alarma social que genera casos como este y el desprestigio de la justicia.