El exconcejal Piñana tendrá que declarar ante la jueza por el presunto fraccionamiento de contratos de La Mar de Músicas en 2022
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Cartagena presentarán un recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el auto
Carlos Piñana / Ayuntamiento de Cartagena
Cartagena
El objetivo de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, María Pascual Hernández, es esclarecer si el supuesto fraccionamiento de contratos menores para la Mar de Músicas en el año 2022 son constitutivos de prevaricación. Unos encargos en el área del servicio de sonido e iluminación y personal técnico de este festival.
El exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Cartagena, Carlos Piñana, la exdirectora de este departamento, Fulgencia Plazas, y el exdirector de Infraestructuras de este consistorio, Vicente Pérez Zulueta, tendrán que declarar ante la jueza el próximo día 5 de diciembre.
El origen de este procedimiento parte de una denuncia presentada por MC, grupo municipal de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena, que se presenta como parte acusadora particular. María Pascual Hernández ha considerado los escritos presentados por el Ministerio Fiscal junto con MC, susceptibles de investigación.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena apuntan que los "Servicios Jurídicos del ayuntamiento van a presentar un recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el auto mediante el que se les cita como investigados al considerar que no hay base para esas decisiones porque no hubo fraccionamiento de contrato y que las acciones realizadas por el la concejalía están amparadas por la ley de Contratos"
Según fuentes municipales, estos contratos "son los que permitieron la celebración de la edición de 2022 de La Mar de Músicas después de que la empresa que debía montar los escenarios renunciara al contrato una semana antes del inicio del festival. En la solución trabajaron los servicios jurídicos y la intervención. Siguiendo su criterio, la concejalía logró tener los escenarios preparados a tiempo para le festival".
Añaden que "el Tribunal de Cuentas, con el respaldo del Ministerio Fiscal, ya archivó en octubre del año pasado unas investigaciones preliminares sobre esos contratos al entender ambos que no existía supuesto alguno de responsabilidad contable, es decir, ni para la Fiscalía ni para el Tribunal de Cuentas hubo perjuicio para las arcas municipales".
