Familiares de las víctimas de Atalayas exigen responsabilidades al Ayuntamiento de Murcia y dicen sentirse "abandonados"
En Hoy por hoy Murcia hemos escuchado lo dicho por parte de los familiares de las víctimas mortales, que este lunes se han concentrado en La Glorieta
Incendio Atalayas un año después: En Hoy por hoy Murcia escuchamos a los familiares de las víctimas
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Murcia
Esta madrugada se cumple un año del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en el que murieron 13 personas. 12 meses después los informes periciales atestiguan el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de ambos locales de ocio.
Los familiares de las víctimas señalan directamente al Ayuntamiento de Murcia por "no haber exigido el cumplimiento de la normativa " y piden Justicia, como Ferrán Losano que perdió a su esposa Olga Lucrecia Nieto, o Diana Gómez, que perdió a su hermano Kevin en una tragedia que un año después sigue sin respuestas, por eso lanza esta pregunta al ayuntamiento de Murcia al que responsabiliza de haber hecho dejación de funciones al no exigir a los locales el cumplimiento de la normativa, "¿Por qué tras el incendio se cerraron siete locales si el ayuntamiento de Murcia no tenía ninguna responsabilidad?". De la misma forma habla José Manuel Muñoz Ortín, abogado de los familiares de dos de las víctimas.
También hemos escuchado a Pedro López Graña, que representa a los familiares de otras diez víctimas mortales, y quien asegura que el mejor homenaje a las víctimas es ayudar a sus familias y que el Ayuntamiento de Murcia "asuma su responsabilidad". Una ayuda, sostiene López Graña, "que no han tenido ni los familiares de las víctimas mortales ni tampoco los supervivientes del incendio".
A Diana Gómez; por ejemplo, le pagaron el billete de avión para venir a España a solucionar el papeleo por la muerte de su hermano pero ni ella ni el resto de su familia ha recibido ayuda psicológica.
Ferran Losano tampoco ha recibido ninguna llamada ni se le ha ofrecido asistencia psicológica ante el duelo por su mujer por parte del Ayuntamiento de Murcia, igual que el resto de familiares que sólo han recibido ayuda, en sus casos, de los ayuntamientos de Molina de Segura o Caravaca de la Cruz.
En Hoy por hoy Murcia también ha sonado la voz de Valeria Ceballos, superviviente del incendio, quien asegura que tampoco ha recibido ayuda psicológica extraordinaria para superar su trauma. Tuvo que pedirla por el cauce habitual porque no podía dormir y tardó siete meses en recibirla. Una ayuda que sigue necesitando porque sufre estrés postraumático, según ha relatado a los micrófonos de Radio Murcia.
En definitiva, un año después, los afectados por el incendio de Atalayas siguen buscando respuestas y exigiendo responsabilidades, un año duro en el que han estado muy solos, como hemos escuchado.
Este martes, 1 de octubre, el Ayuntamiento de Murcia ha organizado un acto homenaje al que algunos familiares han sido invitados y otros no. Algunos de los invitados acudirán buscando respuestas y otros directamente no van a ir porque "no tienen nada que celebrar", han encargado misas en sus parroquias y los van a recordar en la intimidad.
¿Podría repetirse un incendio como el de las discotecas de Atalayas?
En palabras de la vicealcaldesa Rebeca Pérez, "el Ayuntamiento de Murcia ha tomado medidas para minimizar ese riesgo". Pérez ha asegurado a la Cadena SER, sin precisar las cifras, que a raíz del incendio se han establecido nuevos protocolos de seguridad, se han reforzado las inspecciones en los locales de ocio y se ha contratado más personal.
El Ayuntamiento de Murcia ha suspendido de actividad a 18 establecimientos, de los que cinco siguen cerrados, tras las medidas puestas en marcha con motivo de los incendios de las discotecas de Atalayas.
En este año, según fuentes municipales, ha resuelto 43 solicitudes de legalidad, tras la instrucción de Urbanismo el pasado mes de febrero para la mejora de los procedimientos de legalización.
El ayuntamiento ha explicado que en lo que va de año se han iniciado también 265 procedimientos de restablecimiento de la legalidad en negocios en los que se habían detectado incumplimientos.
Dice el Ayuntamiento que la instrucción de urbanismo ha permitido "reducir significativamente los tiempos de resolución de esos procedimientos, pasando de más de un año de tramitación a cinco meses".
Además, se ha reforzado el personal del servicio de inspección con seis nuevos ingenieros técnicos. Asimismo, se está llevando a cabo un control específico de discotecas, que se suma a la campaña extraordinaria de inspección que se llevó a cabo en las semanas posteriores al incendio en locales de Atalayas y Mariano de Rojas. Por último, ha anunciado que se va a elaborar un Plan Anual de Inspección de Actividades.
Sobre los resultados de la investigación interna que encargó el Ayuntamiento, fuentes municipales han señalado que "la instructora determinó que todo se había hecho conforme a la legalidad pero indicó observaciones de mejora, por lo que "se han revisado protocolos y se ha contratado más personal en esos servicios". Según explica "no se ha hecho público porque los grupos municipales estaban informados de todo y han seguido el proceso en las diferentes comisiones sin disensiones".
¿En qué punto se encuentra el procedimiento judicial?
Los abogados de las familias estudian ampliar sus querellas relacionadas con las posibles responsabilidades en el incendio de Atalayas. Así lo ha anunciado en el aniversario de la tragedia de Atalayas el abogado Pedro López Graña, que representa a las familias de diez víctimas mortales.
Recordamos que hay varias querellas de los familiares de las víctimas pendientes de resolver, y que están relacionadas con la posible responsabilidad de la administración municipal en el siniestro, tal y como ha explicado José Manuel Ortín, abogado de las familias de otras dos víctimas mortales.
En cuanto al procedimiento judicial por los 13 homicidios imprudentes, continúa su curso después de que la instructora del caso tomara declaración a víctimas, testigos e investigados. La juez anunció la semana pasada una prórroga de 6 meses en el plazo para la instrucción de la investigación, ampliación que ha sido solicitada por las acusaciones particulares.