Un estudio del CES, la Universidad de Murcia y el Gobierno regional estima que la economía sumergida ascendería a 6.900 millones de euros

Murcia

La economía sumergida de la Región de Murcia en 2022 alcanzó el 17,4 por ciento de su PIB, lo que se traduce en un fraude de entre 5.600 y 6.900 millones de euros anuales, una cifra equivalente a todo el presupuesto de la comunidad autónoma para un año o al triple de lo que se invierte cada año en sanidad.

Así se desprende del estudio sobre economía sumergida e irregularidades laborales en la Región de Murcia elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) y la consejería de Empresa de la comunidad autónoma en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU), que se ha elaborado con el objetivo de tener un diagnóstico de esta realidad de cara a la elaboración del nuevo Plan Estratégico contra la Economía Sumergida que prepara el Gobierno regional.

Según han explicado los directores el estudio, José Colino y Federico Martínez-Carrasco, la estimación de la economía sumergida en la región es similar a la que se calcula para la UE, del 17,7 por ciento, pero está por encima de la media estatal, que se sitúa en el 15,8 por ciento del PIB.

Si toda esta actividad irregular se legalizara, los ingresos fiscales en la Región de Murcia aumentarían entre 1.200 y 1.400 millones de euros al año.

A pesar de esos elevados datos, los investigadores han resaltado el importante descenso que ha registrado esta economía no declarada, que hace dos décadas, en 2004, alcanzaba el 21,9 por ciento del PIB nacional, y en 2020 era del 18,6 por ciento, 1,2 puntos más que en la actualidad.

No obstante, en 2022, último año que analiza el estudio, Murcia seguía a la cabeza de la economía sumergida, siendo la cuarta comunidad de España con la ratio más alta.

En el estudio se analiza además el papel de la inspección de trabajo y las infracciones laborales y determina que la región tiene una tasa de infracción mucho más elevada que la media nacional y con un mayor incumplimiento de la normativa.

Así, por su población, Murcia sería la décima comunidad de España, pero es la décimo tercera en número de actuaciones de la inspección de trabajo, es decir, se hacen menos inspecciones de las que corresponderían a su población.

Sin embargo, es la séptima comunidad en la que se detectan más infracciones y la quinta por número de trabajadores afectados por esas irregularidades, además de ocupar la primera posición en la tasa de infracciones laborales, que es del 15,7 por ciento, casi el doble de la media nacional, que se sitúa en el 8,9 por ciento, y el triple de la comunidad con una tasa más baja, Castilla y León.

En cuanto a las irregularidades que se comenten en el empleo, la más extendida es la falta de afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores, que afecta a un 14,3 por ciento de los asalariados en el sector privado, si bien la cifra es casi la mitad de la que había en 1995, que llegaba al 32 por ciento.

El colectivo que más sufre la falta de afiliación es el de las personas que solo trabajaron entre 1 y 3 meses en un año: un 70,3 por ciento de ellos no estaban dados de alta.

Tampoco lo estaban un 42 por ciento de los trabajadores jóvenes entre 16 y 24 años, un 34,2 por ciento de los empleados domésticos, un 26 por ciento de los trabajadores de hostelería, un 21,6 por ciento de los empleados extranjeros o un 21,2 por ciento de los no cualificados.

El estudio apunta también a un tasa del 12,7 por ciento de falsos autónomas, y un 11 por ciento de trabajadores del sector privado sin contrato de trabajo.

En cuanto a los incumplimientos en las condiciones de trabajo, sin contar al personal funcionario, hay un 22,2 por ciento de trabajadores que hacen una jornada superior al límite máximo establecido; un 19,1 por ciento que disfrutan de menos vacaciones de las pactadas y un 6,8 que ven incumplidos sus derechos de conciliación.

Además, un 14,7 por ciento percibe retribuciones fuera de la nómina, un 22,6 por ciento hace horas extraordinarias no retribuidas y 25,7 por ciento experimenta una brecha salarial.

De cara a aplicar estas conclusiones al futuro Plan Estratégico Regional contra la Economía Sumergida para luchar contra esta lacra, los investigadores proponen diez medidas principales, encabezadas por la mejora en la coordinación e intercambio de datos entre las diferentes administraciones y organismo y el aumento d los recursos de control, con un aumento significativo en el personal de la inspección de trabajo.

Recomiendan también fomentar la cooperación y coordinación interadministrativa, intensificar las acciones inspectoras de control de actividades con alto nivel de irregularidades, simplificar los trámites para facilitar el cumplimiento de las normas vigentes y reforzar las políticas de calidad de empleo y de protección social.

Por último, apuntan a la necesidad de trasladar a la sociedad el compromiso de la administración en la lucha contra el fraude, organizar campañas de sensibilización y concienciación ciudadana, reforzar las medidas sancionadoras y desincentivadoras de prácticas irregulares y realizar análisis regulares de fraude laboral y fiscal.