Sara Rubira : "no quedará mucho para escuchar al Gobierno decir a los regantes que si quieren agua, que la pidan"

Murcia

Rubira ha comparecido este miércoles en el Pleno de control de la Asamblea Regional a petición del grupo parlamentario Socialista para dar cuenta del estado en que se encuentra la desaladora de Escombreras.

Ha explicado que esta planta se construyó en 2006 tras “derogar el Plan Hidrológico Nacional” el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que el coste de la desaladora no es de mil millones de euros y que, al estar el asunto judicializado, no se plantea la disolución de la sociedad de la que depende.

Esta instalación produce 1.600 millones de litros (1,6 hm3) de agua al mes, de la que se benefician cerca de 9.700 agricultores del Campo de Cartagena. Actualmente opera al 85 por ciento de su capacidad total y “esperamos que alcance producciones cercanas al cien por cien al cierre del ejercicio”, ha detallado.

La consejera ha destacado que “el 95 % del agua producida se destina a uso agrícola”. En concreto, los volúmenes autorizados provisionalmente hasta la fecha por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se distribuyen en 19,4 hm3 anuales, para agricultores del Campo de Cartagena, y 993.302 metros cúbicos para uso turístico y creativo.

La capacidad de producción de la planta de Escombreras alcanza los 20 hm3 de agua al año, “una cifra similar al consumo total de todo el municipio de Cartagena en un año o el 65% de lo que gasta el municipio de Murcia en ese mismo periodo”. Rubira ha cerrado su turno de comparecencia pidiendo al grupo Socialista que “se guarde el comodín de la corrupción para otro momento”.

El diputado socialista Fernando Moreno ha tildado la intervención de la consejera como “la más más vergonzosa de las que he escuchado en esta Asamblea en mi vida”, y ha descrito la desaladora de Escombreras como “uno de los mayores pufos del Gobierno regional en los últimos 30 años, aunque también la podríamos llamar la puñalada por la que se desangra la Región año tras año”.

Moreno ha señalado que el metro cúbico de agua que produce Escombreras “sale a 10 euros, cuando el precio del agua desalada de riego es de 32 céntimos”, y ha cifrado en 710 millones de euros el coste final de la planta “que tendremos que pagar hasta 2034”. “Estamos dispuestos a ayudarla a salir de este pufo, pero si no va a hacer nada, puede irse”, ha instado a la consejera.

El diputado de Vox Alberto Garre recordó que ya en 2016 hubo una Comisión de Investigación sobre la desaladora y ha coincidido con Rubira en justificar su construcción en la derogación del trasvase del Ebro y la llegada de la Nueva Cultura del Agua del PSOE que, contrariamente a lo anunciado, “ni más agua, ni más barata”.

Garre ha preguntado a la consejera si cree que fue “un buen negocio” montar esta planta y ha recordado que los informes sobre la misma elaborados por la Intervención y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma “no tienen desperdicio”, aunque ha asegurado que “la desalación es la única forma de solucionar el problema del agua tras derogarse el trasvase del Ebro” y estar en riesgo el trasvase Tajo-Segura.

La portavoz del grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV) María Marín ha dicho ser consciente del “tremendo papelón” que le ha tocado hoy a la consejera, pero le ha advertido que “su discurso naïf no va a resolver el problema”. Así, ha mencionado que ayer se abrió juicio oral al ex consejero Antonio Cerdá y a otros 14 responsables por este asunto, conocido judicialmente como ‘caso La Sal’, en el que también está imputado el ex presidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel.

Marín ha remarcado que el escrito del Ministerio Público “no deja títere con cabeza” y apunta a que la planta se construyó para dar servicio a 26 proyectos urbanísticos, por lo que “no tiene nada que ver con dar agua a los agricultores”. “Demuestra que la corrupción del PP no es coyuntural, sino estructural, y el PP debería ser procesado como una organización criminal para delinquir”, pues la desaladora costó 200 millones “pero se arrendó por una millonada durante 25 años, por lo que los ciudadanos van a acabar pagando de su bolsillo mil millones que van directamente a ACS”.

Finalmente, el parlamentario del grupo Popular Jesús Cano ha defendido que en una Región en la que el agua es un recurso especialmente valioso, “tenemos que recurrir a estos recursos no convencionales por la negativa del Gobierno de Sánchez a abordar un nuevo PHN que nos traiga una pequeña parte de esos recursos convencionales que en otras cuencas están en exceso”.

Cano se ha preguntado que “en un tema tan auditado como esta desaladora, qué sentido tiene esta comparecencia si no es montar un circo”. “Es puro oportunismo político”, ha agregado, para terminar afirmando que la responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) es la ministra “más nefasta” que ha habido. “Más Teresa, no interesa”, ha concluido.