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Ocho pymes de la Región de Murcia y unos 200 trabajadores se suman a los paros del reparto domiciliario de bombonas de butano

Protestan así para conseguir una subida de la comisión que perciben de al menos, 4'8 euros por bombona

Iago Castro, presidente de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados

Iago Castro, presidente de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados

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Murcia

El pasado miércoles se llevaba a cabo el segundo de los paros y, si no se llega antes a un acuerdo con el Gobierno central, los paros en la distribución de butano se repetirán los días 21 y 29 de noviembre y 5, 11, 17 y 23 de diciembre. El objetivo de la protesta es conseguir una subida de la comisión que perciben hasta al menos 4,8 euros por bombona. Consideran que sería "la retribución mínima necesaria que deberían recibir las agencias para cubrir los costes del reparto a domicilio".

Iago Castro, presidente de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados, ha explicado en Hoy por hoy Murcia que, en la la Región ocho empresas integradas en la patronal han acordado dejar de repartir, lo que afectaría a unos 200 trabajadores. Aseguran desde la patronal que en estos momentos pierden 1'8 euros por cada bombona que reparten.

Las agencias distribuidoras exigen la actualización inmediata de la Orden IET/389/2015 -que lleva años sin adaptarse a las necesidades del mercado- así como un aumento de la comisión por bombona, que permita cubrir los costos reales del servicio y compensar el déficit de 1,80 euros por cada envase entregado. Con la retribución actual, "las agencias ven comprometida su capacidad para mantener un reparto de calidad y sostenible sin operar a pérdidas", sostienen. Y aseguran que "es evidente que la postura del Ministerio para la Transición Ecológica, al eludir un diálogo formal con las agencias, pretende trasladar toda la responsabilidad del conflicto a las operadoras". Sin embargo, -recuerdan- "que estas operadoras dependen directamente de la red de agencias, formada por más de 170 pymes y más de 3.500 trabajadores, para ejecutar el reparto y comercialización final al consumidor. Sin una solución, es el usuario final, especialmente en áreas vulnerables y rurales, quien soportará las consecuencias".

 
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