El CES exige una 'prestación universal de crianza' y califica de "inmoral" que un 33% de los niños esté en situación de pobreza
CARM
Murcia
El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, ha calificado la pobreza infantil como “la lacra más lacerante” que tiene el país, que supone la pérdida del 5% del PIB nacional, y ha exigido la puesta en marcha de una “prestación universal de crianza” que garantice “el derecho del niño a una infancia plena”.
Así lo ha explicado a los periodistas antes de participar en Murcia en una jornada organizada con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, y en la que ha presentado el informe nacional elaborado por el CES bajo el título “Derechos, calidad de vida y atención a la infancia”.
Para Costas, “es impropio de un país como España”, que es la cuarta mayor economía de la Unión Europea, con un sistema democrático desarrollado y una “sociedad decente”, alcanzar una tasa de pobreza infantil del 33 por ciento, la más alta del conjunto de la Unión Europea.
Se trata, ha insistido, de una “situación dramática”, con consecuencias alarmantes, no solo para esos menores (uno de cada tres están en situación de pobreza severa en el país), sino para su futuro, ya que diversos estudios avalan que la trayectoria vital y laboral de los adultos está directamente marcada por cómo fue su etapa vital entre los 0 y los 3 años.
Esta situación, ha insistido, genera no solo un enorme impacto en la vida de estos niños en situación de pobreza, sino también en la economía del país: según los cálculos del CES, el hecho de tener un tercio de la población infantil en situación de pobreza severa supondrá una pérdida del 5 por ciento del PIB nacional, unos 60.000 millones de euros, por la pérdida de ingresos laborales de esas personas, que en la vida adulta no tendrán empleo u ocuparán trabajos precarios.
Entre las recomendaciones que recoge el estudio para atajar esa situación, Costas ha puesto de relieve la necesidad de establecer una “prestación universal de crianza”, que reciban todos los niños sin condiciones previas, una ayuda que ya existe en la mayoría de países de la UE, por lo que no tiene sentido que carezca de ella uno de los estados más ricos como es el caso de España.
Aunque el CES no ha cuantificado cuál sería el coste de esa prestación, por entender que se trata de una decisión política, Costas ha insistido en que el estado cuenta con recursos suficientes para articularla y garantizar que la ayuda “cubra los costes reales que tiene la crianza”.
Nuestro país, ha reconocido, ha mejorado en las ayudas de que dispone para favorecer el desarrollo de la infancia, pero son “ayudas fragmentarias” y que no llegan a todos los posibles beneficiarios.
Como ejemplo, ha señalado el complemento de crianza que incluye el ingreso mínimo vital que, sin embargo, no reciben 8 de cada 10 familias que tendrían derecho al mismo, por lo que ha insistido en la necesidad de que la prestación sea universal, para toda la población infantil hasta los 3 años, o incluso hasta los 6 años de edad.
En su opinión, en el sistema actual, hay un importante “desequilibrio” entre los fondos que se destinan a cubrir las necesidades de la población anciana, que sí tienen bien atendidas sus necesidades, frente a la enorme carencia de la cobertura de la crianza.
En las jornadas ha participado también la consejera murciana de Política Social, Conchita Ruiz, que ha recordado que su departamento está trabajando en la puesta en marcha de una nueva ley de Infancia, que tendrá un carácter “trasversal e integrador” y actualizará la de 1995 con “medidas novedosas para proteger a la infancia” y en la que se tendrá muy en cuenta la opinión y participación de los menores.
La ley aunará muchas de las medidas ya puestas en marcha en la comunidad autónoma para proteger a los niños, entre las que ha destacado la renta básica de inserción, a la que se destinan 8 millones de euros anuales y que beneficia a un millar de familias y, directamente, a 772 menores en riesgo de exclusión.
También se ha puesto en marcha un sistema de tarjetas monedero del que se benefician actualmente unas 2.500 familias vulnerables con hijos menores a cargo, a las que se suman las ayudas de emergencia social dependientes de los ayuntamientos.
Asimismo, la comunidad autónoma dispone de más de 7.000 plazas gratuitas de educación infantil así como un sistema de atención temprana gratuita para menores con dificultades de desarrollo de 0 a 6 años, entre otras medidas.
