La situación de la justicia en la Región: los retrasos en la resolución de asuntos se triplican en las dos últimas décadas

Murcia

Los presidentes del gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo en la que han examinado la situación de los juzgados y tribunales de la comunidad, advirtiendo éstos de retrasos en la resolución de asuntos han llegado a triplicarse en las últimas dos décadas.

La situación también sucede, por ejemplo, con los asuntos civiles de la Audiencia Provincial, que hace 20 años se tramitaban en 4 meses y que hoy en día precisan una media de 14 meses desde que se registran hasta que se resuelven, según recoge el portal estadístico del Consejo General del Poder Judicial.

Murcia es la tercera comunidad con mayor litigiosidad de España y una tasa de pendencia de 0,89, lo que indica que cada año se registran más casos de los que se resuelven; agravando así la situación de sus órganos judiciales.

Los juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción de esta autonomía "son los más lentos de toda España". Los casos civiles se llevan una media de 12,8 meses, casi el doble de los 7,7 meses que necesitaban hace dos décadas.

Las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia también son las más lentas de todo el país, pues precisan dos años para juzgar un sumario, el doble de lo que necesitaban en el año 2003.

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González, que ha acudido al encuentro junto con los decanos de los Colegios de la abogacía de Murcia, Cartagena y Lorca, Maravillas Hernández, Ángel Méndez y Elisa Campoy, respectivamente, han repasado con López Miras los proyectos que en materia de infraestructuras judiciales tiene en marcha el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y le han pedido al presidente regional que contribuya con su acción política a impulsarlos.

Entre ellos, se han señalado como cuestiones más relevantes y urgentes la ausencia de calabozos en los juzgados de Caravaca de la Cruz; los problemas de movilidad de los jueces de Lorca; los retrasos en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, o la ralentización crónica en la instrucción de asuntos penales.