El Gobierno regional presenta un recurso ante el TC por el reparto de menores migrantes "por la unilateralidad e invasión de competencias"

Murcia

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha acordado este jueves la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto Ley 2.025 de 18 de marzo, por el que "se impuso" el reparto de menores migrantes no acompañados, según ha avanzado este jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.

"Ya dijimos que el acuerdo que alcanzó el Gobierno de España con Puigdemont para la acogida de menores migrantes no acompañados era un acuerdo injusto, indigno y sectario; otro traje a medida de los independentistas y otra cesión más de Pedro Sánchez a Puigdemont para poder seguir en la Moncloa al precio que sea", ha comentado Ortuño.

El dirigente regional, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha indicado que la Comunidad "no tiene más remedio que recurrir al Tribunal Constitucional ante las políticas de imposición del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Pedro Sánchez impone y no escucha a las comunidades autónomas, solo escucha a un prófugo de la justicia, y, por tanto, no tenemos otra vía en la mayoría de ocasiones con cuestiones de trascendencia importante que recurrir al Tribunal Constitucional", ha señalado.

"Lo hicimos con la amnistía y lo tenemos que volver a hacer con este decreto sobre la acogida de menores por parte de las comunidades autónomas, porque además entendemos que hay razones jurídicas más que suficientes para la interposición de ese recurso de inconstitucionalidad", ha aseverado Ortuño.

El recurso se sustenta en cuatro ejes, el primero que no se puede regular por decreto ley una materia que afecta a derechos fundamentales, en segundo lugar, porque invade competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de menores". Además, recoge "la imposición de una forma unilateral sin contar con las comunidades autónomas", y, por último, pone de manifiesto que "no existe la financiación necesaria".

Preguntado en varias ocasiones por si hay fecha para el cierre del centro de menores de Santa Cruz y calendario para poner en marcha el nuevo modelo de acogida de menores migrantes del que ayer hablaba la consejera de política social, se ha limitado a repetir que "lo mejor es que estén en una familia o en un entorno lo más parecido a un hogar porque el objetivo fundamental no es otro que el interés general del menor" y que en ese modelo llevan trabajando desde 2020.